La Abogacía del Estado ha pedido archivar la investigación en torno a la autorización de la manifestación del 8 de marzo al estimar que no se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" y que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.
En un escrito registrado en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid y en representación del lucense José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la manifestación, la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.
"La instrucción tenía por objeto no investigar indicios de delito, sino encontrarlos", denuncia la Abogacía, que acusa a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, de no haber practicado por sí misma "ni una sola diligencia de instrucción; todo ha sido encomendado a la Policía Judicial".
La mayor parte del escrito se centra precisamente en desmentir el grueso de los informes de los agentes, de los que se desprende que el delegado del Gobierno en Madrid no debía haber autorizado la manifestación ante el riesgo de propagación del coronavirus. Frente a esa tesis, la Abogacía sostiene que Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias y según la información disponible en aquellas fechas" y ve "absurdas" las conclusiones de la Policía Judicial.
La Abogacía asegura que se ha hecho una "causa general" contra la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus
A su juicio, el delegado del Gobierno habría sido "prevaricador" si hubiera prohibido ejercer el derecho de manifestación cuando, al mismo tiempo, no había restricciones para utilizar el metro, ir al fútbol o participar en un mitin de Vox. "Ni las autoridades sanitarias sabían hasta el día 9 cuál era la situación real en Madrid, lo que hubiera permitido una distinta evaluación del riesgo, cuanto menos lo podía conocer el señor Franco que no ostenta competencia sanitaria alguna", recalca.
Rebate que se ocultara información y recuerda que la realidad epidemiológica cambió "drásticamente" el lunes 9 de marzo: el número de casos nuevos creció un 835% respecto a los incorporados el día 8. "Solo puede comprenderse lo sesgado, parcial y predeterminado del planteamiento si incurrimos en el error de valorar estos hechos pasados no solo con los conocimientos y la experiencia actual tras más de tres meses de estado de alarma y de gestión diaria de esta crisis sanitaria", advierte.
Sobre el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) del 2 de marzo, base de la denuncia contra José Manuel Franco, destaca que la cancelación de eventos masivos en los que no se esperara la asistencia de un número significativo de personas procedentes de zonas de contagio no era una medida recomendada para países en la situación epidemiológica de España el día 8. Solo Italia estaba en ese escenario.
La Abogacía tiene claro además que se ha hecho una "causa general" contra la gestión de la crisis sanitaria realizada desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, y afirma que la Policía Judicial "se extralimitó" al pedir documentación al centro que dirige Fernando Simón sin que se lo ordenara la jueza.
