Con una batería de siete propuestas entre las cuales figura reducir la carga fiscal del recibo eléctrico y financiar con cargo a los presupuestos algunos de los costes regulados que se repercuten en la factura, la Xunta ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica las líneas que considera que debe seguir en la nueva reforma de la tarifa regulada de la luz, conocida como precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). El Gobierno abrió, hasta el 22 de octubre, una consulta pública destinada a recabar aportaciones con el fin de "reducir la volatilidad de la PVPC y optimizar su diseño" en plena escalada de la energía.
La PVPC cuenta en España con 10,9 millones de usuarios con una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kW). El trasvase constante de consumidores al mercado libre ha propiciado que este sume ya 18,6 millones de contratos. Galicia es el único territorio en el que el mercado regulado sigue prevaleciendo sobre el liberalizado, con un millón de puntos de suministro frente a 771.500.
Según informaron fuentes de la Vicepresidencia segunda de la Xunta y Consellería de Economía a AGN, además de reclamar una simplificación de la estructura del recibo en aras de "facilitar su comprensión" y una campaña informativa para explicar "de forma sencilla y comprensible" la tarifa eléctrica que entró en vigor en junio, el departamento que dirige Francisco Conde urge a ampliar el espectro de clientes que pueden acogerse a la PVPC. Solo así se facilitaría el acceso de más consumidores al bono social eléctrico, vetado para los del mercado libre. La idea sería permitir que puedan acogerse quienes tengan una potencia contratada de hasta 15 kW, lo que englobaría a los hogares con calefacción eléctrica con acumuladores.
Ampliar la cobertura de la PVPC hasta los 15 kW de potencia contratada permitiría ampliar el acceso al bono social eléctrico, vetado para los clientes del mercado libre
De otro lado, la Xunta también defiende "eliminar el impacto del precio del gas natural" en el cálculo de la PVPC "al menos de forma temporal". A la vista de que la cotización de este combustible se multiplicó por seis en el último año y de que las centrales de ciclo combinado marcan la retribución del resto de tecnologías cuando la demanda eléctrica requiere su activación y a pesar de que solo aportan "el 13% del mix energético", el Ejecutivo gallego llama a romper por un tiempo con el funcionamiento del mercado marginalista. Esta propuesta coincide, en esencia, con el plan trasladado por el Gobierno a la Comisión Europea, que esta semana expresó sus reticencias.
Galicia también reivindica una reforma de la fiscalidad con el fin de converger con Europa. De un lado, se trataría de implantar con carácter definitivo la reducción del Iva del 21 al 10% que está en vigor hasta fin de año. De otro, habría que suprimir el impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica, que el sector repercute al consumidor. Ahora está en suspenso y permite recaudar 1.700 millones al año. La tercera pata sería erradicar el impuesto especial de la electricidad, rebajado del 5,11 al 0,5% hasta fin de año. Al tratarse este último de un tributo cedido a las comunidades, Economía pide compensar su supresión en la reforma de la financiación autonómica.
La consellería llama a "prohibir" a las eléctricas aplicar "penalizaciones o cargos" a los clientes que, de forma anticipada, quieran rescindir un contrato para pasarse al mercado regulado
La receta gallega también incluye "una revisión" de la estructura de la PVPC en tres tramos horarios de precios que se aplica desde junio. La consellería incide en que no resulta "realista" pretender que los hogares desplacen su consumo a la madrugada para ahorrar. Como primera medida, pide que el tramo que va de 14.00 a 18.00 horas —que ahora es llano, de precios intermedios— pase a tener consideración de horario valle, el más económico.
Por último, la Xunta llama a "prohibir" a las eléctricas aplicar "penalizaciones o cargos" a aquellos que, de forma anticipada, quieran rescindir un contrato para pasarse al mercado regulado. El Instituto Galego de Consumo e da Competencia ha detectado que las comercializadoras "están realizando campañas poco claras" o que, al final, suponen pagar más que con la PVPC. Esto deriva en que muchos queden "atrapados" al expirar el plazo de 14 días para desistir cuando les sorprende la primera factura.
