Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han dado este lunes su visto bueno político a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) pactada con el Parlamento Europeo la semana pasada y que entrará en vigor en 2023 en la que será "la mayor reforma desde los años 90".
Los Veintisiete han expresado un apoyo mayoritario al acuerdo para modernizar la PAC durante su reunión en Luxemburgo y, ahora, los tres reglamentos que componen la PAC deben ser aprobados formalmente tanto en el Consejo de la UE (los Estados miembros) como en la Eurocámara.
"Después de tres años hemos podido traer al Consejo un buen acuerdo político que ha sido confirmado por los ministros. Es la mayor reforma de la PAC desde los años 90 y busca garantizar un sistema alimentario europeo sostenible y más justo e inclusivo", ha celebrado en una rueda de prensa la presidenta de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, quien ha negociado en nombre de los Veintisiete con los eurodiputados como presidencia de turno de la UE.
Las dos grandes novedades de la nueva PAC, que entrará en vigor en enero de 2023, es la introducción de un nuevo modelo de gestión -basado en los planes estratégicos nacionales que tendrán que presentar los Gobiernos antes de que acabe el año para su posterior aprobación por el Ejecutivo comunitario- y los famosos ecoesquemas.
"Tenemos un problema con la situación actual porque la agricultura es cada vez más intensiva. El número de agricultores pequeños perdidos en los últimos años es muy alto"
Estos nuevos regímenes ecológicos buscan incentivar a los ganaderos y agricultores a adoptar prácticas beneficiosas para el medio ambiente que vayan más allá de las exigencias obligatorias para poder recibir ayudas de la PAC.
El 25% de las ayudas directas tendrán que estar destinadas a los ecoesquemas, aunque los Veintisiete consiguieron introducir cierta flexibilidad, en especial un "periodo de aprendizaje" durante los dos primeros años.
En la misma comparecencia, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha celebrado que también los pequeños y medianos productores se puedan beneficiar del dinero para estos regímenes ecológicos, así como del nuevo pago redistributivo de la futura PAC.
"Tenemos un problema con la situación actual porque la agricultura es cada vez más intensiva. El número de agricultores pequeños perdidos en los últimos años es muy alto y se trata de un proceso negativo. Tenemos que protegerles y darles una oportunidad para que desarrollen su papel", ha defendido el eslovaco.
Aunque finalmente no se ha fijado un tope máximo de ayudas por explotación de 100.000 euros, que será voluntario, el acuerdo entre los Estados miembros y la Eurocámara introduce que al menos un 10% de las ayudas directas tendrá que estar destinadas a pequeños y medianos agricultores o ganaderos.
Además, los eurodiputados han empujado para incluir una "dimensión social" en la nueva PAC y el acuerdo contempla la creación de un mecanismo para "conectar desde 2025 como muy tarde a los inspectores laborales nacionales con las agencias de pagos de la PAC".
La dotación de la PAC supone un tercio del presupuesto comunitario para el periodo entre 2021 y 2027 y asciende a unos 380.000 millones de euros. A España le corresponden unos 47.000 millones de euros, de los cuales unos 37.000 se enmarcan en el primer pilar (pagos directos) y casi 8.000 millones en el segundo (desarrollo rural).
GALICIA. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, tacha de "insuficientes y nimios" los cambios adoptados por los ministros de Pesca de los 27 respecto al futuro reglamento europeo de control pesquero.
En un comunicado, la conselleira advierte de que los condicionantes incluidos en el texto impiden mejoras reales y dificultan una aplicación flexible de la normativa, lo que seguiría complicando "en gran medida la operativa diaria" de la flota artesanal y el marisqueo.
La representante del Ejecutivo gallego, que acompañó al Ministerio de Pesca en los debates sobre política pesquera, lamenta que bajura y marsiqueo se verán sometidos a controles y obligados a duplicar la labor de comunicación de sus capturas.
"En el caso de la geolocalización, los cambios introducidos en la propuesta del Consejo Europeo se refieren a la posibilidad de que el dispositivo no tenga que estar instalado en el buque, sino que puede ser portátil, pero incluyen condicionantes para la exención de su disponibilidad que son difíciles de cumplir", lamenta la Xunta.
Por eso, avisa de que "no implican avances de calado", mientras se establece el deber de un sistema adicional de control para los buques que se beneficien de esas posibles exenciones, por lo que se limita en gran medida esa supuesta mejora.
En este sentido, Galicia defiende la exención de la pesca de bajura y del marisqueo del deber de la geolocalización al faenar cerca de la costa y estar sometidos a rigurosos controles.
