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Un centenar de camiones marchan contra el decreto del carbón

Proteger a las minas de carbón estatales a costa de perjudicar a centrales, como Meirama (Cerceda) o As Pontes, que consumen mineral foráneo. Este es el debate entorno al polémico decreto que el Gobierno pretende aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros y sobre el que la Xunta ya ha anunciado que va a utilizar todos los medios jurídicos a su disposición para que no prospere.

Precisamente para expresar su rechazo al decreto del carbón este sábado casi un centenar de camiones y unos pocos coches particulares participaron en una caravana entre As Pontes, donde está ubicada la planta de Endesa, y el puerto de Curuxeiras de Ferrol, a donde llega el mineral importando que en ella se utiliza.

La protesta, convocada por la Plataforma en Defensa da Producción Eléctrica en Ferrol, que integran BNG, CIG y USTG, partió a las 10.30 horas y, tras pasar por Cabanas, Fene y el puente de As Pías, llegó a su destino a las 14.00. Coches y camiones, transportistas y trabajadores del sector, participaron en la caravana que finalizó en el puerto, desde donde habitualmente unos 130 autónomos se encargan de llevarlo hasta la térmica.

En la jornada estuvieron presentes Francisco Jorquera y Francisco Rodríguez, diputado y ex diputado nacionalista en el Congreso; los alcaldes de San Sadurniño y As Pontes, Secundino García y Valentín Formoso, del BNG y el PSOE, respectivamente; así como los secretarios comarcales de la CIG, los responsables de la BNG en Ferrolterra y los delegados de la Unión Sindical de Trabajadores de Galicia.

1.500 empleos en peligro

Días antes, desde la CIG, su representante comarcal en Ferrol, Manuel Grandal, insistió en su rechazo a un decreto que pondría en peligro "1.500 empleos directos e indirectos en la zonas" y que, si se cumplen los peores presagios, podría obligar a cerrar tanto las centrales de Meirama como de As Pontes. La Xunta ya cifró en 3.500 los trabajadores que podrían verse afectados por la aprobación de la norma.

En cualquier caso, Grandal ataca tanto a PP como a PSOE. "Hacen, una vez más, cortinas de humo, sin aportar soluciones", denunció, para señalar que los perjudicados van a ser los empleados y nunca Endesa ni Fenosa, que "no pierden" porque lo que se dejan en Galicia "lo compensan" con los que producirán en otras zonas.

A la espera de la UE
El decreto aún debe ser desbloqueado por la Comisión Europea, algo que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aguarda que se produzca la próxima semana para, así, poder aprobarlo el viernes día 1. Mientras tanto, los mineros de Asturias y León continúan con sus protestas y encierros para que se les paguen los salarios atrasados y para que se proteja al sector, unos intereses que chocan con los de las plantas gallegas en este debate que enfrenta a carbon estatal contra las empresas que sólo son viables con mineral foráneo.

Las gallegas, en este último grupo, trabajan con carbón importado y tienen sus centrales adaptadas a él, lo que según la Xunta supuso en su día una inversión de 1.059 millones que ahora quedará invalidada. Además, si Meirama y As Pontes tuvieran que echar el cierre, las arcas autonómicas dejarían de ingresar 10,2 millones en concepto de impuestos.

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