La creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas —el nuevo tributo estatal con el que el Gobierno central aplaca la competencia fiscal a la baja emprendida a nivel autonómico— está aumentando la actividad en los bufetes de abogados. La polémica figura acaba de pasar el filtro del Congreso para seguir su tramitación en el Senado con la intención de que sea de aplicación en 2023 y la previsión de recaudar 3.000 millones entre el próximo año y 2024. Ante este panorama, los más acaudalados estudian sus opciones, sopesando desde ceder parte de sus bienes a sus hijos para esquivar el nuevo gravamen hasta ‘fugarse’ a Portugal.
"Hemos recibido un aluvión de llamadas de contribuyentes y citas para interesarse sobre su situación fiscal desde que se dio a conocer el impuesto", señala la abogada fiscalista Karina Casal, de Caruncho&Tomé Abogados y Asesores Fiscales. La experta constata que el despacho, con oficinas en A Coruña y Vigo, tiene clientes que sopesan "trasladarse a Portugal para reducir la factura fiscal".
No es una percepción aislada. Leticia Gilda Golpe, del departamento fiscal del despacho coruñés Abogados y Consultores, indica que "hay contribuyentes que valoran trasladar sus domicilios a otros países con mayores beneficios fiscales", con el país vecino con "principal" candidato por su "conocido NHR". Es el régimen impositivo para los residentes no habituales, que "exime de tributación en Portugal por aquellos ingresos que provengan del extranjero". "Está aceptado por la norma internacional y no está considerado paraíso fiscal, lo que hace que sea muy atractivo no solo para españoles, sino para los patrimonios de toda Europa", expone la asesora, que indica que afrontar la factura que supondrá el nuevo impuesto no será pan comido para todos, pues hay contribuyentes pudientes con "problemas de liquidez".
En esta línea, Javier Gómez Taboada, socio del área tributaria de Maio Legal, refrenda que "la proximidad de la frontera lusa y su atractivo régimen fiscal han generado un efecto llamada" que, dice, tocará "evaluar a medio y largo plazo".
Después de que Andalucía y Murcia anunciasen en septiembre su intención de sumarse a Madrid en la supresión del tributo de patrimonio, la Xunta respondió ampliando del 25 al 50% en 2023 la bonificación que aplica
En la comunidad, la Xunta ingresó 66,6 millones en 2020 por patrimonio, un tributo estatal cedido a las autonomías que abonaron 7.646 sujetos. Los datos de la AEAT reflejan que, si bien Galicia fue la quinta comunidad que más recaudó, fue la segunda, tras Madrid, con los mayores patrimonios, con 6 millones declarados de media por contribuyente. La presencia del hombre y la mujer más ricos de España, Amancio Ortega y su primogénita, Sandra, lo explican.
Después de que Andalucía y Murcia anunciasen en septiembre su intención de sumarse a Madrid en la supresión de este tributo, la Xunta respondió ampliando del 25 al 50% en 2023 la bonificación que aplica en patrimonio. El principal objetivo fue evitar la ‘fuga’ de contribuyentes hacia autonomías con un régimen fiscal más ventajoso y a Portugal. A esto se suma, como recogen los Orzamentos para 2023, la intención de "non penalizar o aforro e favorecer os investimentos estratéxicos en Galicia". Con este incentivo, la recaudación prevista para 2023 rondará los 54,7 millones, un 22% menos que este año.
En la comunidad, tienen obligación de presentar la declaración del impuesto todos los que ostenten un patrimonio de más de 2 millones. Además, entra en juego un mínimo exento de 700.000 euros y los primeros 300.000 euros del valor de la vivienda habitual están exonerados. En cuanto a la escala de tipos, oscilan entre el 0,2 y el 2,5% en función de la base liquidable.
La bonificación de la Xunta solo beneficiará a las bases liquidables de menos de 3 millones. Por encima de ese nivel el tributo estatal "compensará" la rebaja, como explica Fedea
GOLPE. Si Moncloa logra aprobar su tributo antes de fin de año para que entre en vigor en 2023, a las fortunas gallegas les sabrá a poco la rebaja de la Xunta. Tendrán que abonar el nuevo gravamen quienes atesoren bienes por más de 3 millones, con un mínimo exento de 700.000 euros y una escala de tipos del 1,7 al 3,5%. Eso sí, podrán deducirse lo pagado por patrimonio. Exigir un mayor esfuerzo a los que más tienen para financiar la respuesta a la crisis inflacionaria y energética es uno de los objetivos del departamento de María Jesús Montero, además de recortar las diferencias territoriales espoleadas por las autonomías "que desfiscalizaron total o parcialmente" el tributo de patrimonio.
Así las cosas, la bonificación de la Xunta solo beneficiará a las bases liquidables de menos de 3 millones. Por encima de ese nivel el tributo estatal "compensará" la rebaja, como explica Fedea, que señala que tendrá efectos en Galicia y otras 9 autonomías, las que aplican un tipo máximo en patrimonio inferior al del impuesto ‘solidario’.
Polémica enmienda
"Este impuesto puede ser cuestionado por diferentes vías», señala Leticia Gilda Golpe, de Abogados y Consultores, que apunta a su "controvertida" introducción con una enmienda a la proposición de ley que crea los tributos temporales a energéticas y bancos. Karina Casal, de Caruncho&Tomé Abogados y Asesores Fiscales, sostiene que las autonomías ven "limitada su capacidad de modular" la fiscalidad sobre el patrimonio, lo que podría ser motivo de "nulidad" por "invasión de competencias".
183 días al año
Franqueado ese margen, un contribuyente es considerado residente fiscal en España. Esto complica el traslado a otro país al menos para evitar el impacto del tributo en 2023, cuando tocará rendir cuentas al fisco por 2022.
