La Justicia europea avala el registro de la jornada laboral obligatorio

Resuelve que los estados deben imponer a las empresas que implanten un sistema "objetivo, fiable y accesible"

Trabajador en el control de entrada de una oficina. DP
photo_camera Trabajador en el control de entrada de una oficina. DP

Los estados miembro deben obligar a las empresas a implantar un sistema "objetivo, fiable y accesible" que permita computar la jornada laboral diaria de sus trabajadores. Lo asegura el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia divulgada este martes, un día después de que en España entrase en vigor el real decreto ley por el que las compañías tienen que registrar la jornada del personal.

El TJUE, que responde con su resolución a una consulta de la Audiencia Nacional, precisa que corresponde a cada país definir los criterios para la aplicación del sistema de cómputo, sobre todo la forma que debe tomar, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.

La máxima instancia judicial comunitaria responde así a una petición de la Audiencia Nacional española a través de la que solicitó en enero interpretar dos artículos del Estatuto de los Trabajadores relativos a la jornada laboral, al considerar que podrían incumplir las normas comunitarias por "dejar en manos de los empresarios los descansos semanales y diarios".

La opinión del TJUE permitirá a la Audiencia Nacional resolver definitivamente un procedimiento promovido por el sindicato CC.OO., al que se adhirió UGT, para que Deutsche Bank estableciese un sistema de registro, que estuvo en el origen de la cuestión prejudicial.

En el auto por el que remitió el asunto a la Justicia europea, la Audiencia Nacional hizo hincapié en que la norma española -antes de la implantación del registro esta semana- priva en la práctica al trabajador de un medio esencial para demostrar que su jornada laboral ha superado la duración máxima y a los representantes de los trabajadores de un medio necesario para comprobar si se respetan las normas en la materia. Se remitió también a la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2016 para apuntar que el 53,7% de las horas extraordinarias realizadas en el periodo de estudio no fueron registradas.

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