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El TC restringirá las reclamaciones del impuesto de la plusvalía municipal

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La sede del Tribunal Constitucional. ARCHIVO
Privará también a los contribuyentes que autoliquidaron la tasa sin solicitar luego una revisión

El adelanto de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular el método de cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal, ha suscitado un galimatías en lo que toca a su impacto, una confusión que este jueves se despejó, al menos en parte. Trascendió que los magistrados pretenden acotar las opciones de reclamar lo pagado de forma indebida de tal forma que los contribuyentes que presentaron una autoliquidación en los últimos cuatro años no puedan dar el paso a menos que hayan pedido una revisión a su ayuntamiento. 

Si bien, tras conocer el adelanto de la resolución el pasado martes, los letrados interpretaron que el TC dejaba abierta la puerta a impugnar las autoliquidaciones realizadas en los últimos cuatro años —el plazo durante el cual tanto el contribuyente como la Administración pueden solicitar una modificación de estos expedientes—, este jueves trascendió que el alto tribunal pretende restringir al máximo los efectos retroactivos de su decisión.

En un primer momento, quedó claro que se exceptuarían los procedimientos con resolución firme, esto es, los casos en los que el propio concello calculó la cuota y giró la correspondiente liquidación al ciudadano, que pagó sin recurrir la resolución en los 30 días de rigor. También se dio por hecho que el requisito de firmeza abarcaría las reclamaciones tramitadas en los juzgados con sentencia firme. 

No obstante, este jueves se filtró un borrador del fallo —cuyo contenido íntegro se espera conocer la próxima semana— en el que se da carpetazo a las opciones de revisar las liquidaciones provisionales o definitivas y las autoliquidaciones que no fuesen impugnadas para solicitar una rectificación al fisco a la fecha en que se dictó la sentencia, el martes 26 de octubre. Los jueces han optado por establecer que estos casos también tendrán "consideración de situaciones consolidadas". 

A todas luces, el giro pretende limitar el roto que se causaría en las arcas locales tener que afrontar devoluciones desde octubre de 2017, visto que solo en 2019 recaudaron unos 2.676 millones en el conjunto de España. Con todo, fuentes del TC indicaron este jueves a AGN que la sentencia "todavía está sin firmar ni notificar a las partes del proceso" y recalcaron que toca "esperar a leer el contenido íntegro para conocer su alcance y efectos" en detalle. 

Desde la plataforma Reclamador.es, el letrado Carlos de la Sierra tachó de "sorprendente" la decisión del Constitucional al considerar "contradictorio" que se impida ejercitar el derecho de rectificación que rige durante cuatro años para las autoliquidaciones cuando los magistrados han declarado nulos unos artículos que atañen "a la capacidad económica y la prohibición de que un impuesto resulte confiscatorio". 

FONDO COMPENSATORIO. En el terreno político, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, pidió este jueves la aprobación "urgente" de la reforma del tributo comprometida por Hacienda para dotar a los consistorios de "seguridad jurídica". Fue después de que la junta directiva de la Femp —reunida en Torremolinos para celebrar el 40 aniversario de la organización— aprobase una declaración conjunta en la que exige al Gobierno un fondo compensatorio por valor de 2.500 millones para cubrir la posible pérdida de recaudación.

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