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Los surtidores se abren en Galicia con el 60% aún en manos de grandes petroleras

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Las estaciones de servicio automáticas prevén duplicar su cuota en los próximos tres años al agilizar la Xunta en enero los trámites de apertura. Fegaes avisa de que esta expansión amenaza con destruir empleos y cuestiona la seguridad

Llenar el depósito de combustible resulta un trance cada vez más doloroso en un momento en el que el litro de diésel se paga a una media de 1,26 euros en los surtidores gallegos, un 21,7% más caro que hace un año, y la gasolina ha despuntado incluso más, un 23,4%, y se mueve en los 1,39 euros. Los precios se calientan mientras el barril de petróleo de Brent, que estos días supera los 72 dólares, se ha revalorizado más de un 87% en el último año y amenaza con ralentizar la recuperación.

Con este panorama, la competencia en el sector es clave para el bolsillo. Tanto es así que llenar un tanque de 55 litros en el surtidor que el pasado jueves dispensaba el gasóleo más barato de Galicia — Plenoil, en Vilalba— costaba 58,7 euros, 15 menos que lo que pagaron los automovilistas que acudieron a Repsol en Santiago, Padrón, Negreira y a Cepsa en Boiro, con las referencias más caras. Esta situación deriva de la irrupción en el tablero de nuevos actores que, poco a poco, van ganando cuota. Con todo, el 59,6% de los puntos de venta de Galicia sigue en manos de tres grandes petroleras.

A la cabeza continúa Repsol, que copa 224 gasolineras de las cerca de 670 que informan a diario de sus tarifas al Ministerio para la Transición Ecológica. A ellas se suman las 11 de Campsa y las 14 de Petronor. En conjunto, el grupo Repsol ostenta una cuota del 37%, de manera que este año la Dirección General de Política Energética le ha vuelto a prohibir ampliar su presencia en todo el territorio gallego al controlar más del 30% del mercado. Con esta restricción, la compañía ha ido retrocediendo, pues a mediados de 2018 copaba el 40,5% de las estaciones.

Las siguientes energéticas con mayor presencia son Cepsa, con 102 puntos de suministro (15,2%), y la portuguesa Galp, con 49 (7,3%). Desde 2018, estos dos grupos apenas han variado su posición.

"Este es un sector muy competitivo. Desde hace seis años las aperturas son continuas  por la agilización de trámites», señala Julio López

El sector se abre poco a poco desde que, en 2015, la Xunta impulsó un decreto para agilizar la implantación de surtidores, que simplificó los trámites. El último paso se dio el pasado 5 de enero con la publicación en el DOG de una resolución por la cual la inscripción en el Registro de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos de Galicia pasó de ser un trámite autorizativo a convertirse en una mera comunicación. La gestión se realiza online al terminar la obra y se puede comenzar a operar de inmediato, sin perjuicio de que los técnicos de la consellería realicen luego los controles oportunos.

"O que se consegue é acurtar nuns dous meses o prazo de tramitación dunha estación de servizo xa que a inscrición no rexistro, que é o trámite final antes da posta en marcha, faise agora de xeito telemático cunha comunicación, sendo antes un proceso autorizativo que levaba uns dous meses", explican fuentes de la Consellería de Industria. Con esta simplificación burocrática, el plazo para completar los informes, autorizaciones y licencias necesarias para abrir un surtidor oscila entre los cinco y los ocho meses «na maioría dos casos», explica el departamento que pilota Francisco Conde, que apunta que el permiso municipal de obra es "o que soe levar máis tempo".

Desde 2015, la Xunta señala que se han abierto 88 nuevos puntos de suministro. Y la lista seguirá creciendo. Al menos es lo que augura Manuel Jiménez, el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), una patronal que, tras enviar "dos requerimientos formales a la Xunta" y amenazar en mayo con acudir a la Comisión Europea para reclamar que la inscripción en el registro no fuese autorizativa, sino que bastase con que fuese declarativa, se enteró de que la reforma estaba en vigor desde enero. "Algún socio llevaba tiempo con su estación terminada y sin poder abrir por esperar el papelito", explica Jiménez, que augura que en «dos o tres años» este modelo pasará de representar el 5% del mercado gallego —la cuota más baja del Estado— a alcanzar la media estatal, del 12%.

Con todo, la Aesae aún percibe obstáculos por salvar a nivel municipal. "Encontrar terrenos idóneos es complicado", recalca.

"Galicia es el territorio  donde las gasolineras automatizadas tienen una cuota más reducida, del 5%. La media estatal es del 12%", apunta Manuel Jiménez

Quien también refrenda que en los seis últimos años "las aperturas son continuas por la agilización de trámites" es el presidente de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes), Julio López. "Antes, los técnicos de Industria podían tardar hasta dos meses en dar el alta a una instalación para su puesta en funcionamiento. Ahora, este trámite se agiliza sobremanera", expone el empresario.

Respecto a la expansión del modelo de estaciones desatendidas, López señala que "será un problema más" que "complicará" la supervivencia de los surtidores "tradicionales". "Tememos, sobre todo, la destrucción de empleo que traerá consigo la figura de la estación de servicio automática porque elimina la figura del expendedor de combustible". Fegaes considera, además, que estos competidores suponen un "riesgo para la seguridad de los usuarios", a los que no considera «formados» para afrontar "accidentes o contratiempos".

Frente a esta visión, el presidente de la Aesae defiende que por cada estación generan "entre 1,5 y dos empleos", aunque se trata de ocupaciones diferentes, centradas "en el desarrollo informático", el control en remoto, el mantenimiento y la limpieza. En algunos casos, se opta por un modelo mixto con atención presencial a determinadas horas. Jiménez estima que, de media, un conductor ahorra "unos 300 euros al año" en carburante en estos puntos de venta y defiende que con ello también se impulsan el consumo y el empleo.

A cargar el eléctrico a la gasolinera
Con una red de puntos de recarga insuficiente, el Gobierno pone los ojos en las 11.400 gasolineras. En vigor desde el 22 de mayo, la Ley del Clima fija que, «no más tarde» de 2040, solo se venderán turismo y vehículos comerciales ligeros de cero emisiones. Para prepararse, la norma obliga a instalar ‘enchufes’ en surtidores cuyas ventas de gasolina y gasóleo A superasen en 2019 los 5 millones de litros. Tocará haber hecho los deberes entre febrero y agosto de 2023.
Nuevas estaciones
En las provincias en las que ninguna estación llegue a ese nivel, la obligación regirá para las que más transitadas y que "conjunta o individualmente" alcanzasen en 2019 al menos un 10% de las ventas totales. No habrá escapatoria para los establecimientos que se instalen a partir de 2021 o acometan una reforma "que requiera revisión del título administrativo". Todos deberán dotarse de un punto de recarga.
Un palo para el sector
El presidente de Fegaes sostiene que amortizar la elevada inversión será casi "imposible" y augura que estos ‘enchufes’ "apenas serán usados" tanto por el tiempo que dura la carga como por el precio de la electricidad "en horas punta". "Sin subvención, no se puede obligar a hacer un gasto no rentable", sostiene el líder de la Aesae

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