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El Supremo anula un despido de una embarazada por no detallar el periodo de prueba

La afectada fue cesada tras coger una baja y comunicar su estado. PIXABAY
La afectada fue cesada tras coger una baja y comunicar su estado. PIXABAY
Tumba el cese llevado a cabo por una empresa coruñesa que no precisó la duración de esa etapa en el contrato

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha declarado la nulidad del despido de una trabajadora embarazada por parte de una empresa con sede en A Coruña que le comunicó la rescisión de su contrato el 23 de abril de 2018 por "no superar el periodo de prueba", después de haber sellado con ella un acuerdo de carácter indefinido con efectos desde el 2 de enero de ese mismo año.

En una sentencia con fecha del pasado 9 de diciembre, el TS desestima el recurso de casación interpuesto por el empleador en contra del fallo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó en junio de 2019, que tumbó el despido. El Supremo argumenta que el contrato laboral no especificó la duración del periodo de prueba.

La decisión de la compañía —especializada en servicios fiscales como la recuperación del Iva— se produjo después de que la trabajadora comunicase a la dirección el 19 de abril de 2018 una baja por incapacidad temporal expedida por el Sergas, con una duración estimada de 29 días, dando cuenta de su embarazo. Previamente, esta titulada de grado medio ya había trasladado su estado a la empresa de recursos humanos a través de la que la ficharon. Solo cuatro días después de comunicar la incapacidad temporal, la mujer recibió el burofax que le informaba de su despido por "no superar el periodo de prueba".

El conflicto estriba en que el contrato de trabajo no especificaba la duración de esa etapa, sino que se limitaba a constatar que su extensión se regiría "según convenio o artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores". Además, en las cláusulas adicionales, el acuerdo laboral dejaba claro que ese tiempo —durante el cual tanto el empresario como el asalariado pueden extinguir la relación sin necesidad de justificar la causa, realizar un preaviso o abonar una indemnización— se interrumpiría en caso de incapacidad temporal.

La empresa se escudó en que el convenio estatal del sector de la consultoría fija que el periodo de prueba "en ningún caso podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados" y que la afectada llevaba cuatro en el equipo. Sin embargo, los jueces concluyen que "la no concreción de un periodo de prueba con una mera remisión al Estatuto de los Trabajadores (ET) no puede interpretarse como la intención de suscribir" un plazo de seis meses, "por el mero hecho de que tanto el ET como el convenio así lo prevean".

Ahora, el Supremo desestima el recurso de casación que interpuso la empresa para instar a los magistrados a unificar doctrina, alegando que el fallo del TSXG entraba en "contradicción" con otro dictado en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además de confirmar la sentencia del TSXG —que avaló una resolución previa del juzgado de lo Social número 4 de A Coruña que ordenó la "inmediata readmisión" de la trabajadora y el abono de los salarios dejados de percibir—, condena a la empresa a abonar las costas del proceso.

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