El que fuera presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro, se libra, al menos por el momento, de ingresar en prisión. El pasado 10 de febrero, el Tribunal Supremo (TS) redujo de ocho a seis años de prisión la pena impuesta al empresario por la crisis que estuvo a punto de hundir a la multinacional de Chapela en 2013, arrastrada por una deuda de más de 3.500 millones de euros. Condenado por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso con otro de falseamiento de información económica y financiera y por alzamiento de bienes, Sousa alegó errores de cálculo en su condena, que su defensa reduce a cuatro años y nueve meses.
Y la estrategia ha dado sus frutos. Según la documentación a la que tuvo acceso AGN, este viernes el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional emitió una providencia por la cual dejó sin efecto la orden cursada el jueves al juzgado de instrucción número uno de Vigo para que requiriese el ingreso en prisión de Sousa, que este domingo cumple 72 años, en un plazo de diez días.
La solicitud de aclaración que la defensa del vigués elevó al Supremo para que revise la duración de la pena impuesta sumada a su "compromiso" de comparecer ante la Justicia cuando sea requerido para ingresar a prisión han llevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside Ángela Murillo, a ordenar "dejar sin efecto el exhorto" remitido al juzgado de Vigo hasta que el Supremo resuelva el entuerto.
El TS condenó a ocho exdirectivos y a Pescanova S.A. por el caso.
