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Multas de hasta 10.000 euros para los promotores que no censen las parcelas disponibles

Terrenos para la segunda fase del polígono industrial de O Morelle de Sarria. AEP
Terrenos para la segunda fase del polígono industrial de O Morelle de Sarria. AEP
La falta de inscripción será infracción administrativa leve
 

La nueva ley de áreas empresariales recoge la obligación de promotores de inscribir en un censo todas las zonas con parcelas disponibles para compañías de cara a su venta y desarrollo. En caso de no hacerlo, el texto fija multas que van de los 1.000 a los 10.000 euros. 

De este modo, se incluye en la ley una medida que la Xunta ya había aprobado a través de decreto el año pasado –con base la ley de 2017 de implantación empresarial–, por la cual Galicia se había convertido en una de las primeras comunidades en disponer de un censo de suelo empresarial actualizado.

Los responsables de inscribir las parcelas en el censo serán los promotores de las áreas empresariales, para lo cual contarán con una aplicación informática en la página web del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). 

El acceso al censo de suelo empresarial es público y se realizará a través de portales web del IGVS y de la sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur). Toda la información del registro será accesible de forma libre y gratuita. 


De tal forma, se incluye como infracción administrativa leve la falta de inscripción en el censo de suelo empresarial de aquellas áreas con parcelas libres.

AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES. La Xunta prevé aprobar el próximo año esta norma para agilizar la creación de suelo para las empresas. La ley consta de un centenar de artículos, estructurados en siete títulos, así como diferentes disposiciones. 

En ella se regularán los llamados ayuntamientos emprendedores –actualmente hay 147– por ley para facilitarles ayudas e incentivos prioritarios, ya que habrá una discriminación positiva en caso de subvenciones en régimen competitivo. 

Una comisión técnica con representantes de la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se encargará de la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Entre las medidas municipales para el fomento empresarial, figura que los ayuntamientos tendrán 30 días para resolver una solicitud de licencia de obra, un plazo que se rebaja a 15 días si se trata de actividades estratégicas. En caso de no existir respuesta, la licencia se otorgará por silencio administrativo. 

Respecto a los actuales plazos, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, se ha referido a los retrasos de algunos ayuntamientos a la hora de conceder la licencia, un proceso que en algunos municipios asciende a 18 meses. 

En lo tocante a la recepción de las obras de urbanización por parte de la administración municipal, en el caso de que no resuelva expresamente sobre esa recepción en el plazo de tres meses, contados desde que se solicite con certificación expedida por la dirección técnica de las obras, estas se entenderán recibidas. 

Mientras la recepción de las obras por la administración municipal no sea efectiva, la responsabilidad del mantenimiento y de la conservación recae en el sujeto promotor de la actuación.

PLAN SECTORIAL Y ESTRUCTURANTE. Por una parte, la ley mantiene el plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia como marco para fijar la localización de las áreas, pero también crea el plan estructurante de suelo empresarial para desarrollar el suelo cuando sea de titularidad pública de interés autonómico. 

El plan sectorial prevé 117 parques en 95 ayuntamientos, con un total de más de 46,3 millones de metros cuadrados, a la que habrá que sumar la segunda modificación del mismo, que se está tramitando y que incluye la creación de polígonos, así como ampliaciones o reajustes de otros, en 19 municipios. 

La principal característica del Plan estructurante será que se fijará únicamente parámetros básicos y fundamentales para el desarrollo del área empresarial, lo que permitirá que, posteriormente, y por fases, se puedan ir adaptando sus tipologías de parcelas y configuración definitiva a las necesidades que haya a cada momento. 

Según cálculos de la Xunta, si hasta ahora era precisa una modificación del proyecto de interés autonómico cada vez que, por ejemplo, se llevaba a cabo una actuación de urbanización en un ámbito, lo que suponía 12 meses de trámite, con el plan estructurante esto no será preciso, ya que se reducirá el plazo de aprobación del proyecto de 21 a nueve meses –los de la tramitación–. 

En cuanto a los instrumentos de ejecución, el texto, en fase de anteproyecto y que será sometido a consulta pública, recoge cinco: el proyecto de delimitación de fases de urbanización, el proyecto de desarrollo de urbanización, el proyecto de urbanización, el proyecto de parcelación y los estudios de detalle. 

Multas de hasta 10.000 euros para los promotores que no censen las...