Los peritos cedidos por el Banco de España al juez que investiga posibles irregularidades en la gestión del Popular descartan que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016, si bien las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 reflejadas en el folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa". Y es que deberían haber reflejado una parte significativa de las pérdidas de años anteriores.
En su informe, que obra ya en poder del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, los expertos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández insisten en que no puede decirse que el Popular "fuese inviable" pues "a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones". A pesar de que "era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia" exigidos por el Banco Central Europeo (BCE), el banco disponía "además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios".
Adicae afirma que los peritos del Banco de España acreditan "engaño e irregularidades" en el Popular
No obstante, "con independencia de otros posibles déficits de provisiones", el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos; de hecho, los anunciados para 2018 "sí eran alcanzables mediante operaciones de desinversión que el Consejo adoptó posteriormente".
LAS CAUSAS. Por otro lado, los peritos han concluido que las causas de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el que se origina el 31 de mayo de especial gravedad, derivados de la pérdida de confianza de los depositantes por la mala evolución en Bolsa, la incertidumbre sobre los objetivos anunciados en la ampliación de 2016, los nuevos requerimientos de solvencia y noticias y declaraciones "no siempre fundadas en la situación real del banco".
El Banco de España cree que Popular habría necesitado una "fuerte" inyección pública si no hubiera sido resuelto
Así, esta fuga de depósitos resultó en pérdidas a los accionistas y bonistas por la aplicación de la novedosa normativa de resolución, y la decisión de no apoyar públicamente a la entidad "obligaba a optar por su venta para evitar su liquidación", lo que condicionó el resultado de la resolución, ya que el comprador tenía que asumir el riesgo de estabilizar el banco, que sufría una fuga de depósitos, lo que se unía al tiempo muy limitado para hacer una subasta competitiva. Esto, a su vez, impidió disponer de una valoración fiable de los activos y pasivos del banco y disminuyó el número de participantes y el tiempo disponible para estudiar la operación.
ESTIMACIONES "OPTIMISTAS E INVALIDADAS". La misión de los peritos también era investigar si el folleto y la documentación correspondientes a la ampliación de capital lanzada por la entidad en mayo de 2016 ofrecían la imagen fiel del banco y estaban libres de cualquier tipo de manipulación o deformación, y si las hipótesis para la estimación de posibles pérdidas por importe de 2.506 millones de euros que estaban incluidas en el folleto de la ampliación de capital eran razonables. Según han expuesto, algunas de las hipótesis para llegar a las estimaciones contenidas en el folleto eran "demasiado optimistas", sobre todo las referidas a la evolución prevista de dudosos, que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba también las de cobertura, pérdidas y solvencia.
Las estimaciones de cobertura, pérdidas y solvencia de folleto de la ampliación no eran válidas por ser "demasiado optimistas"
Esta operación tenía la finalidad de cubrir las pérdidas que se producirían al reforzar sus coberturas contables al cierre de año y con la que el consejo daba respuesta a la presión del mercado en su cotización en Bolsa y del Banco Central Europeo (BCE).
REACCIONES. Adicae ha afirmado que el informe pericial de los inspectores del Banco de España sobre la resolución de Banco Popular corrobora la tesis de sus querellas, que defienden que ni el folleto ni la ampliación de capital de mayo de 2016 reflejaban la realidad contable del Banco Popular. Según defiende la asociación, que representa a 934 personas en el proceso, la entidad dibujaba entonces un escenario de futuro para los accionistas "poco realista", además de "dejar constancia de las irregularidades contables en las que incurría el banco mucho antes incluso de esa ampliación de capital", que, como recuerdan los peritos "fue una decisión polémica" porque no se dispuso de información suficiente para evaluarla.
