Podemos propone elevar el gasto público en 96.000 millones hasta 2019

Prevé recaudar 69.700 millones de euros más que lo que propone el PP a través de una reforma fiscal
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, antes de comparecer ante los medios de comunicación en la sede del partido, en Madrid
photo_camera El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, antes de comparecer ante los medios de comunicación en la sede del partido, en Madrid

Podemos propone elevar el gasto público en 96.000 millones hasta 2019 con un promedio de alza de 24.000 millones anuales, así como destinar 16.000 millones a inversiones para un cambio de modelo energético y 15.000 para un plan de Renta Garantizada, según la memoria económica de su programa electoral.

El documento, que aparece en la nueva web de campaña electoral que este lunes ha puesto en marcha la formación que lidera Pablo Iglesias, indica que durante los dos primeros años de legislatura (2016 y 2017) las prioridades de la política de gasto serían revertir los recortes en sanidad, educación, dependencia y protección social, por lo que destinaría 9.000 millones a sanidad y otros 7.000 millones anuales a educación.

Asimismo, señala que el volumen de gasto total de todas las administraciones públicas se incrementaría todos los años, aunque no de forma uniforme, y mientras los dos primeros aumentaría en 28.000 y 29.000 millones respectivamente, en 2018 el gasto ascendería a 19.000 millones y en 2019 a 20.000 millones de euros.

Como consecuencia de esta evolución del gasto público, la ratio de deuda respecto al PIB se mantendría "constante" en 2016 y no disminuiría sino que aumentaría hasta 1 punto del PIB al final de la legislatura, al tiempo que el déficit público se situaría en el 3,9 % del PIB el próximo año.

En cuanto al volumen de ingresos que prevé Podemos en su programa económico a final de la legislatura, lo cifra en 69.700 millones de euros adicionales a lo que propone el PP, y 15.200 millones de euros adicionales se recaudarían en el primer ejercicio de su gobierno.

Estos ingresos provendrían fundamentalmente en una reforma fiscal que sería progresiva y con un mayor peso de impuestos sobre las rentas "más acomodadas" y sobre los sectores de la población "con mayor patrimonio", así como una aproximación de los tipos nominales y efectivos en sociedades.

Además se apoyan en el objetivo de reducir la economía sumergida del 20 % actual al 5 % de Alemania, y bajar en una cuarta parte el actual fraude fiscal, que cifran en el 5 o 6 % del PIB.

Confían asimismo en un "efecto multiplicador" del gasto público a la hora de generar más consumo e inversión.

A su juicio, la ratio de ingresos públicos/PIB se incrementaría en un 3 % a lo largo de la legislatura: desde el 38 % hasta el 41 %, un objetivo "ambicioso, pero realista", que significaría volver a alcanzar el valor de 2007, "pero sin los efectos extraordinarios vinculados a la burbuja inmobiliaria".

La formación asegura que tanto la proyección de gastos e ingresos como la comparación con las partidas que ha propuesto el PP se hacen tomando como punto de partida las cifras del Programa de Estabilidad 2015-2018, remitido por el Ejecutivo a Bruselas.

Subrayan que su propuesta es compatible con la estabilidad de las finanzas públicas a medio plazo, sin "sacralizar" los objetivos de déficit público a corto plazo.

En este sentido, defienden una senda de reducción del déficit más moderada, para acabar la legislatura en un 2 %.

Esto supondría en 2019 otros 26.400 millones más de margen para aumentar el gasto público en comparación con la propuesta del PP.

Su propuesta es dividir la legislatura en dos partes: una primera dedicada a "revertir" los recortes, con gastos además de los mencionados de sanidad (9.000 millones), educación (7.000) y renta garantizada (15.000) en protección social (10.000), transición energética e i+d (16.000).

Una vez revertidos los recortes, durante la segunda parte de la legislatura (2018-2019) se emprendería el camino hacia la convergencia con la media de la UE-15 en el gasto por habitante en servicios fundamentales.

Con ellos -en total otros 70.000 millones- se extendería el derecho a la educación entre 0 y 3 años, o se extendería y equipararía el permiso de paternidad y el de maternidad, además de continuar con los gastos anteriores en materias como la educación y la sanidad.

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