El plan para gravar la circulación por las autovías podría afectar en Galicia a 785 kilómetros de viales, de los cuales 560 son de titularidad estatal, caso de la A-6, la A-8, la A-54 (Lugo- Santiago), la AP -56 (Lugo- Ourense) y la A-52, que enlaza Benavente y O Porriño.
GOBIERNO. El Gobierno está decidido a seguir adelante con la implantación en 2024 del cobro por utilización de las autovías de titularidad estatal, con la voluntad de que se extienda a las redes de diputaciones y autonomías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, incidió este viernes en que quedan por delante "tres años para el diálogo y el consenso" y recalcó que 23 países europeos aplican este tipo de peajes, lo que revierte en un mejor mantenimiento de los viales. En esta línea, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad, Pedro Saura abundó en que esta medida obedece a un criterio de "coherencia" toda vez que España recibirá 140.000 millones en ayudas directas y financiación costeados por todos "los ciudadanos europeos", que en su mayoría pagan por circular por estas vías de alta capacidad.
Ante una medida, el Gobierno abre la puerta a establecer compensaciones, especialmente a los transportistas. Así lo indicó Saura, que incidió en que es "justo" que los usuarios de estas carreteras paguen. En todo caso, el Ejecutivo aspira a contar con el mayor consenso social y económico, sobre todo de los camioneros. Aunque el plan de recuperación enviado a Bruselas recoge que "se impulsarán las condiciones normativas necesarias" para que el coste de los nuevos peajes se repercutan en las empresas cargadoras, los transportistas rechazan la medida y avisan de que desencadenará un aumento de los precios que impactará en los consumidores. En el documento, el propio Ejecutivo reconoce que "el principal riesgo de rechazo" está en este colectivo y asume que, a la vista de lo sucedido en Francia, será necesario "llegar a un acuerdo" antes de implantar la medida.
Frente al descontento del sector, el secretario de Estado de Transporte afirmó que "no tiene por qué trasladarse ese pago a los precios" del tráfico de mercancías, "por lo que no habría una pérdida de competitividad de la economía española".
"Las carreteras hay que mantenerlas", recalcó, por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá
DESFAVORECIDOS. Al margen del transporte, el documento también avanza la opción de "plantear reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente o usuarios habituales en ciertos tramos".
"Las carreteras hay que mantenerlas", recalcó, por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, convencido de que "parece razonable" costear una parte de la factura "con los impuestos de todos" y otra con cargo "a quienes usan" los viales.
Reducir la contaminación es otro de los argumentos de los que tira Moncloa. En este punto, Pedro Saura auguró que los peajes revertirán en un mayor uso del tren, una infraestructura en la que, recordó, se invirtieron 65.000 millones en los últimos 30 años.
Ante una medida largamente reivindicada por la patronal Seopan, la titular de Hacienda, por su parte, recalcó que estos peajes "estaban sobre la mesa" cuando Sánchez llegó a Moncloa, apuntando así al Gobierno de Rajoy.
