Los beneficiarios de las rentas mínimas de las comunidades, como es el caso de la Risga en Galicia, podrán cobrar de oficio el ingreso mínimo vital. Eso significa que no tendrán que solicitar esta prestación, pues el Estado analizará la información que le remitan las autonomías sobre los perceptores y, si cumplen las condiciones, les ingresará directamente el dinero que les corresponda ya este mes. Estos hogares se sumarían así a los 75.000 a los que la Seguridad Social ha reconocido de oficio la ayuda por su situación de especial vulnerabilidad y tendrán el primer pago el día 26.
Al respecto, el ministro José Luis Escrivá anunció ayer el diseño de un protocolo de intercambio de datos con las comunidades para que remitan en bloque la información sobre los beneficiarios de sus rentas —9.784 en el caso de la Risga el año pasado— y así poder concederles el ingreso mínimo vital sin necesidad de que lo pidan.
Quienes sí tengan que solicitar esta prestación podrán hacerlo a partir del día 15 a través de la sede electrónica de la Seguridad Social (con y sin certificado digital) o en las oficinas cuando se reactive la atención presencial. Escrivá avanzó otra vía: a través de los ayuntamientos. La pretensión del Gobierno es firmar en los próximos días un convenio con la federación española de municipios (Fegamp) al que podrán adherirse de forma voluntaria. Si colaboran, "los gastos presupuestarios en los que incurran para reforzar sus capacidades administrativas con este fin estarán eximidos de la regla de gasto que les ha constreñido durante estos años", explicó.
En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que el objetivo es situar los plazos de concesión de esta ayuda en aproximadamente un mes, en línea con los que tiene la Seguridad Social para las pensiones contributivas, frente a los más de 100 días que, de media, tardan en reconocer las comunidades las no contributivas.
FRAUDE. Escrivá puso de relieve que los beneficiarios del ingreso mínimo vital estarán obligados a presentar la declaración de la renta, por lo que se mostró convencido de que la prestación desincentivará la economía sumergida. Hay que recordar que el fraude puede llevar a perder la ayuda e incluso a devolver mensualidades.
Además, los perceptores tendrán que participar en itinerarios de inserción en el mercado laboral y habrá incentivos a la contratación para los beneficiarios.
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