El Gobierno renuncia a su idea de exigir a los pensionistas ajustes en sus pagas si estas se revalorizan pero al cabo del año el coste de la vida baja. Su plan con la reforma del sistema de pensiones era actualizar las prestaciones con el índice de precios de consumo (IPC) del año anterior y, si finalmente la inflación entrase en terreno negativo, ajustar las pagas en los tres años siguientes de forma que los perceptores compensaran el aumento de la capacidad de compra.
En una nueva reunión con los agentes sociales para abordar esa reforma, el Ejecutivo cedió ante una de las principales demandas de las sindicatos para avanzar en la negociación, según desvelaron desde CC.OO. Si el coste de la vida cae un año, al siguiente las pensiones se congelarán, de modo que los pensionistas no perderán en ningún caso poder adquisitivo.
Si se tiene en cuenta la serie de datos del IPC en los últimos siete años (2014-2020) el índice, fue negativo en cuatro. Este paso atrás del Gobierno es clave para acercar el acuerdo, pero quedan materias importantes por negociar, como una penalización de las jubilaciones anticipadas o la inclusión de un factor que ligue las pagas a parámetros como la esperanza de vida