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El palo fiscal de la ley antifraude dispara las herencias en vida en la comunidad

Un oficina de la Agencia Tributaria. ARCHIVO
Un oficina de la Agencia Tributaria. ARCHIVO
Hasta septiembre se sellaron 30.776 pactos sucesorios, un 4% más que en todo 2020. La Consellería de Facenda confía en tumbar, en la negociación con el Gobierno central, la reforma del IRPF que castiga esta figura propia del Derecho Civil gallego y que entró en vigor en julio 

La entrada en vigor el 11 de julio de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la conocida como ley antifraude, disparó los pactos sucesorios gallegos, una figura muy socorrida en la comunidad, entre otros motivos, por su atractiva fiscalidad. Según la Consellería de Facenda, dispuesta a dar la batalla para tumbar la reforma, de enero a septiembre en Galicia se registraron 30.776 herencias en vida, un 3,9% más que en todo 2020, lo que refleja que muchos trataron de anticiparse a los cambios en la tributación.

Con su aplicación, el texto consumó el castigo fiscal a los pactos de mejora y apartación, si bien es cierto que la contestación generada llevó a que el Gobierno central moderase el palo a esta fórmula propia del Derecho Civil gallego, con modelos similares en otras comunidades. Así las cosas, desde julio la ley obliga al beneficiario de un acuerdo sucesorio que decida vender, por ejemplo, la vivienda que sus padres le cedieron antes de que transcurran cinco años a subrogarse en la posición de sus progenitores a la hora de tributar por el impuesto de la renta. Esto se traduce en que, en el IRPF, la ganancia o pérdida se deberá calcular comparando el precio de venta con el valor al que el donante —los padres— adquirieron el bien en lugar de con el que se declare en el pacto sucesorio, lo que elevará el desembolso ostensiblemente.

La Lei de Dereito Civil de Galicia permite que un padre con una vivienda comprada por 100.000 euros se la ceda a su hijo por pacto sucesorio a su valor actualizado de 200.000 euros sin tener que tributar en el IRPF por la plusvalía. Al igual que una herencia, tiene consideración de transmisión mortis causa, por lo que está gravada solo por el impuesto de sucesiones. Hasta julio, si su vástago vendía esa propiedad antes de la muerte del donante por esos 200.000 euros tampoco tenía que tributar. Con la reforma, si se desprende del bien antes de cinco años, deberá responder por la ganancia patrimonial, es decir, por la diferencia de 100.000 euros, al tener que "subrogarse en la posición del donante respecto de los valores y fechas de adquisición" del bien.

Si no se remedia esta situación, los tribunales anularán esta norma por atentar contra principios constitucionales, sostiene el abogado Alberto Ferreiro

"Esta solución que adopta el Gobierno atenta claramente contra la esencia de los pactos sucesorios y, por ende, contra el Derecho Civil gallego, además de contra principios constitucionales como el de igualdad", argumenta el abogado lucense Alberto Ferreiro. Este experto augura que, si no se remedia esta situación, "los tribunales, en última instancia, anularán esta norma". Y es que, en la reforma, el Ejecutivo "no tuvo en cuenta" la interpretación que el Supremo hizo en una sentencia de febrero 2016, cuando refrendó que las herencias recibidas mediante pacto sucesorio de apartación o mejora están "exentas" de tributar por el IRPF, quedando sujetas exclusivamente a sucesiones. Echó por tierra un recurso de la Agencia Tributaria, que considera estas operaciones una transmisión lucrativa entre sujetos vivos por lo que defiende que se tribute por la ganancia patrimonial.

Lograr que el Gobierno de Sánchez recule es la meta de la Xunta. De hecho, la Consellería de Facenda solicitó al Gobierno central en septiembre convocar la comisión bilateral. El Ministerio de Política Territorial ha accedido, de modo que el inicio de la negociación está pendiente "da publicación simultánea" de este trámite en el DOG y en el Boe.

Con la confianza de "chegar a un acordo", el departamento que dirige Miguel Corgos no renuncia a tumbar una modificación de la ley del IRPF que "non ten xustificación" y que, de no alcanzar un punto de entendimiento, podría acabar en el Tribunal Constitucional al vulnerar las competencias reconocidas en la Carta Magna, el Estatuto de Autonomía y la Lei de Dereito Civil.

El aumento de los pactos sucesorios ha sido continuo por las ventajas fiscales y por evitar conflictos tras la muerte, apunta el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño

Los argumentos de la Xunta son varios. De un lado, señala que "durante cinco anos os beneficiarios de pactos sucesorios serán considerados defraudadores sen posibilidade de proba en contrario nunha transmisión que é lícita e que forma parte do Dereito Civil galego". De otro, Facenda ve "deturpada a autonomía financeira de Galicia", además de defender que se atenta "contra o principio de igualdade" al dar un trato diferente a las herencias en función de si el causante ha muerto o no. A la postre, esto vulneraría "o principio de neutralidade" del sistema tributario al beneficiar a los herederos por causa de fallecimiento, frente a los de un pacto sucesorio.

Por último, la consellería constata que todo esto "prexudica á mocidade galega", cuyos proyectos vitales y profesionales dependen en muchos casos de un pacto sucesorio.

NOTARIOS. Además de refrendar el aumento de estas operaciones en el primer semestre para evitar el palo fiscal, el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño, constata que en la comunidad la transmisión de bienes entre padres e hijos y abuelos y nietos se ejecutan "mayoritariamente" a través de los pactos sucesorios. La justificación es su atractivo fiscal, al contemplarse "una reducción en la base imponible del impuesto de sucesiones para hijos y descendientes de hasta un millón de euros por cada transmitente".

Otro motivo de peso es la voluntad de "evitar futuros conflictos entre los herederos una vez que los padres hayan fallecido". Entre las razones prácticas que justifican su atractivo también figura la posibilidad de transmitir acciones o participaciones y dinero a los descendientes para que puedan adquirir su primera casa o "llevar a cabo una actividad empresarial".

El sistema para valorar inmuebles cambia en enero
La ley antifraude traerá otro cambio en 2022 al que algunos ligan el aumento de los pactos sucesorios este año. Se trata de la introducción de los valores de referencia marcados por el Catastro, que publicará las tablas en diciembre, y que se aplicarán para liquidar impuestos como el de sucesiones. Como explica Alberto Ferreiro —que augura "un incremento significativo" en las valoraciones de las propiedades—, el Gobierno trata así de "eludir la infinidad de sentencias que anulan comprobaciones de valores". Los tribunales reprochan al fisco que no visite los inmuebles para tasarlos de forma realista. El letrado ve visos de "inconstitucionalidad" en este sistema automático.

La base del nuevo sistema
José María Graíño indica que el Catastro elaborará esos valores sobre los precios comunicados por los notarios en base a las compraventas escrituradas.

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