La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 61,28 millones de euros a 12 constructoras que constituyeron un cártel que alteró el resultado de licitaciones de servicios de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado. Por esta vía, el grupo se hizo con 71 de los 101 contratos que el Ministerio de Fomento lanzó entre 2014 y 2018 por 530 millones, el 63% del importe adjudicado. Entre las compañías sancionadas figura la ourensana Copasa, a la que el superregulador reclama 5,6 millones tras haber obtenido tres contratos valorados en 26,9 millones, según consta en la resolución, de más de 360 páginas.
Se trata de la quinta mayor multa en un ránking que encabeza la madrileña API Movilidad (controlada por ACS), que afronta el pago de 11,78 millones. En el listado también aparecen filiales de Acciona, Sacyr, Elecnor, OHL, Ferrovial, Copcisa y FCC.
¿Cómo actuaban? Según el organismo que preside Cani Fernández, organizaban reuniones para "tomar café" en las que, de forma periódica, estructuraban las licitaciones en grupos para los que se acordaban "unos criterios comunes" de presentación de ofertas económicas. Al parecer, el cártel asignaba una bolsa de puntos para cada conjunto de contratos que las empresas iban consumiendo en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Así, cuanto mayores fueran las bajadas de precios que presentasen en sus propuestas más puntos gastaban.
La CNMC apunta que organizaban reuniones "para tomar café" en las que acordaban "criterios comunes" de cara a la presentación de ofertas económicas a las licitaciones
¿Qué se conseguía con este sistema? Limitar el número de contratos en los que las constructoras ofertaban descuentos elevados en cada grupo de licitaciones, dado que el número de puntos de la bolsa era insuficiente para conseguir todos los trabajos de cada paquete. En base a esto, cada compañía concentraba sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones y concurría a las restantes presentando propuestas con escasas o nulas opciones.
Al desentrañar la operativa del grupo, Competencia descubrió que incluso llegaban a acordar el umbral de rebajas a aplicar en estas ofertas de cobertura y se comprometían a concurrir a todos los concursos de cada grupo. De este modo, lograban que proyectos presentados por empresas ajenas al cártel que realmente eran competitivas quedaran fuera de juego.
Fue una información anónima la que, en octubre de 2017, puso a la CNMC al corriente
La complejidad de la mecánica que emplearon llegó a ser tal que dificultó la detección de estas prácticas. Fue una información anónima la que, en octubre de 2017, puso a la CNMC al corriente, dando pie a inspecciones en las sedes de las empresas en 2018. Hace dos años, en el verano de 2019, trascendía la apertura de un expediente contra 13 firmas y, ya a finales de 2020, se incluyó a Ferrovial Servicios, que finalmente ha sido sancionada como responsable solidaria por la conducta de su filial Ferroser.
PROHIBIDO ACUDIR A CONCURSOS. Aunque Competencia detectó conversaciones desde 2009, solo se pudo acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018. A la hora de fijar las multas, la "especial complejidad y nocividad para el interés general" de esta red han sido consideradas como agravantes. Además del castigo económico, Competencia constata que a estas empresas se les aplica la prohibición de contratar con el sector público por falseamiento de la competencia en la medida en que las conductas objeto de sanción "se prolongaron" después de que este veto entrase en vigor el 22 de octubre de 2015. Para ello, la CNMC ha enviado su resolución a la Junta de Contratación del Estado para que determine la duración y alcance de la prohibición. La norma fija que serán cinco años de mediar sentencia penal firme y tres para el resto de supuestos.
Sancionada con 3,2 millones de euros, Aceinsa pagará la mitad al haber aportado elementos de prueba en el proceso a través del programa de clemencia. Además, podrá seguir concurriendo a licitaciones públicas y tampoco se le aplicó la agravante mencionada.
El siguiente paso ha sido instar a la Dirección de Competencia para que, además de vigilar el cumplimiento de la resolución —contra la que todavía cabe recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional— "analice la responsabilidad" de los directivos implicados.
