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Víctor Muñoz Meilán: "Muchas reclamaciones judiciales de los gastos pasarían a ser viables"

Víctor Muñoz Meilán. AEP
Víctor Muñoz Meilán. AEP

El presidente de Facua en Galicia revela que estos días atienden muchas consultas de los consumidores pendientes de la decisión del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos

Abogado de profesión, el lucense Víctor Muñoz Meilán está al frente de la delegación gallega de Facua Consumidores en Acción, con sede en la calle Ramón Montenegro.

¿Cuál es la situación actual tras esta última sentencia?
El Tribunal Supremo dictó una sentencia que decía que el obligado al pago del impuesto era el consumidor y ahí se quedó todo. Cuando venía gente para poner recursos y reclamar gastos le decíamos: "Vamos a poder recuperar la mitad del notario, todo el registro, toda la gestoría, pero el impuesto dijo el Supremo que lo tenías que pagar tú". Ahora hay unas sentencias que anulan un artículo en particular y dicen que el único interesado en que esto se inscriba en el registro a efectos hipotecarios, por si mañana, hay que ejecutar esa hipoteca es el banco y desde ese punto de vista es él quien tiene que asumir el impuesto. Y eso que parece tan sencillo y tan razonable hasta hace nada era al revés.

¿Por qué cree que hay este giro en la interpretación de la ley?
Hace quince años firmabas una hipoteca que tenía cláusula suelo y a nadie le parecía abusivo ni contrario a la norma. ¿Por qué 15 años después a ningún banco se le ocurre poner una cláusula suelo en sus escrituras? Porque salen normas jurídicas que protegen los intereses de los consumidores. No estamos hablando de empresas, de tráfico mercantil, estamos hablando de consumidores y la ultraprotección que merecen tiene que ver con la relación entre sujetos distintos. La capacidad de un banco para analizar qué va a pasar con una hipoteca, a dónde van los tipos, etcétera, es infinitamente superior a la de un señor que, sin ningún tipo de conocimiento, firma una hipoteca y eso exige una protección de ese consumidor. En esa interpretación de a quién le corresponde cargar con los gastos no se llegaban a esas interpretaciones que decían que se debe proteger al consumidor sino que se planteaba algo tan sencillo como que las partes pueden disponer del objeto del contrato y por esa regla de tres alguien como un banco me imponía condiciones que, si no las aceptaba, no me daban la hipoteca. Ante esa desigualdad empiezan a crearse normas y desde la entrada de España en la Unión Europea se van añadiendo al ordenamiento jurídico español. Esas normas dicen que hay una relación asimétrica entre los grandes operadores del mercado, llámense telefonía, bancos o eléctricas, y el pequeño consumidor y hay que protegerlo.

Pero esta sentencia no es fruto de una norma nueva sino de un espíritu nuevo en la interpretación de la norma, ¿no?
Más que un espíritu nuevo en la interpretación de la norma lo que viene a decirse es que esa relación asimétrica existe y lo más curioso de España es que parece que nos empezamos a dar cuenta de que eso es así. Antes los bancos imponían lo que a ellos les parecía y si lo querías, bien y si no, también. Pero hay normas que no son renunciables y que nos dicen que no puede ser así, que si usted es el interesado pague usted el impuesto, no me obligue a mí a pagarlo.

¿Qué cree que va a suceder tras la reunión del Supremo?
No puedo saberlo, pero la noticia no es buena y el presidente del Tribunal Supremo ya ha salido pidiendo disculpas por cómo se ha gestionado este tema porque lo que trasluce es algo que no tiene que pasar. Si da razones jurídicas para revisar ese fallo se podría aceptar que del estudio jurídico salga algo diferente de lo que pone la sentencia, pero que se reúnan, de modo inaudito, porque la sentencia dictada puede suponer un quebranto económico o de índole social, esas no son razones jurídicas. Nuestra impresión no es la mejor porque se está introduciendo en un debate jurídico algo que no lo es y el Tribunal Supremo no es la sede donde discutir si eso puede suponer un quebranto económico. Ya lo hizo con las cláusulas suelo y no puede volver a caer en esas cosas que lo único que hacen es desprestigiar a la Justicia.

¿Reciben muchas consultas por este tema?
Sí, por una razón, porque mucha gente lo había llevado por vía administrativa y con la anterior doctrina de que el impuesto correspondía al consumidor para mucha gente era antieconómico llevarlo por la vía judicial. Si solo tenías notario y registro lo que pudiesen pagar era un cantidad pequeña y, por poco que costase la vía judicial, no compensaba. Pero con esto pasarían a ser económicamente viables porque se han pagado 900 o 1.000 o 1.200 euros. Pero está en standby a espera de lo que diga el Supremo.

Hay quien piensa que si lo tienen que pagar los bancos, se lo cobrarán por otro lado.
Ahí entra la competencia entre entidades. Evidentemente ellos miran por su negocio, pero dentro del cauce legal. Con las cláusulas suelo también se decía que se iban a encarecer las hipotecas una barbaridad y se ha demostrado que era mentira, que no era un temor fundado.

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