Montoro propone prohibir por ley amnistías fiscales como la suya

El ministro respeta la sentencia del Constitucional que la anula pero defiende que ayudó a España
Comparecencia de Montor en comisión del Congreso
photo_camera Comparecencia de Montor en comisión del Congreso

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha propuesto a los grupos con representación en el Congreso modificar la Ley General Tributaria para prohibir expresamente que se puedan decretar nuevas amnistías fiscales en el futuro.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha hecho esta propuesta toda vez que "se ha demostrado que los procesos de regularización no gustan a nadie". Ha añadido que además será una medida innecesaria en un nuevo contexto de transparencia internacional, en el que en 2018 entrará en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países, "entre ellos, algunos considerados hasta ahora paraísos fiscales".

Montoro también mostró este miércoles su "respecto y acatamiento" de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula su amnistía fiscal de 2012, pero ha insistido en que esta medida contribuyó a evitar el rescate completo de la economía española.

El ministro ha dicho que no se puede separar la amnistía del contexto en el que se adoptó, una situación que –a su juicio– justificó la urgencia de todas las medidas adoptadas entonces mediante decreto ley.

En su opinión, el Tribunal Constitucional ha fallado que el decreto ley no debió ser el vehículo formal para aprobar el proceso de regularización, pero que "hasta ahí llega su alcance jurídico", ya que las consecuencias del proceso "no son alteradas".

MEDIDAS ADECUADAS. Montoro, que se ha mostrado molesto por que se siga denominando amnistía fiscal a la Declaración Tributaria Especial (DTE), ha hecho hincapié en que no le gustó tomar estar medida, como tampoco le gustó subir los impuestos, pero considera que fueron medidas adecuadas en aquel momento por "muy impopular o por mucho desgaste político que conllevaran".

También ha recordado que los 40.000 millones de euros aflorados en el proceso de regularización llevan cinco años pagando impuestos, "dando por clausurada una bolsa de fraude" que Gobiernos anteriores no habían sido capaces de atajar.

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