Los trabajadores de las centrales térmicas de Meirama, en Cerceda, y As Pontes han recibido con malestar las palabras del secretario de Estado de Energía sobre el futuro de estas instalaciones, que ven "inoportunas y peligrosas".
De acuerdo con las previsiones del Gobierno central, la primera tendrá que poner fin a su actividad en 2020 y la segunda seguirá pero no más allá de 2030. Ninguna de las dos firmas han querido hacer una valoración al respecto.
Y es que, mientras Endesa está ejecutando en As Pontes una inversión de unos 220 millones de euros para adaptarse a los nuevos requerimientos en materia de contaminación, Naturgy comprometió casi 100 millones pero todavía "se sigue esperando".
Así lo constata el presidente del comité de empresa en Meirama, Bautista Vega (CIG), quien, en este contexto, en declaraciones a Europa Press, reclama mediación a la Xunta. "Algo tendría que decir la Administración", subraya, en alusión al compromiso que hizo la empresa en 2015 en compañía del presidente gallego.
En este escenario, Vega señala que la central "sigue produciendo" y que "valdría la pena invertir", para que Galicia no pase de ser "excedentaria a deficitaria" en producción energética y por el efecto que tendría el cierre para los 180 puestos de trabajo (70 de plantilla y los 110 restantes de auxiliares). Los empleados, por su parte, no se van "a quedar quietos", y además de reuniones con la empresa prevén la organización de movilizaciones.
Por su parte, el alcalde de Cerceda, José García Liñares (PSdeG), advierte de que la compañía "está en plazo" y que la decisión sobre si invierte o no "todavía no está tomada". Además, añade, "podría haber una moratoria o una prórroga".
Por ello, censura declaraciones que "generan una incertidumbre" y que no le parecen "la forma" de comunicar una decisión de tal magnitud. "Si se confirma, sería una mala noticia, para el empleo, por la economía que mueve y también para el Ayuntamiento, que perdería recursos, puesto que un 10-12% del presupuesto municipal viene de los impuestos que se cobran a la central", explica. "El impacto sería grande", apostilla.
"MERECEN UN DESMENTIDO". Del lado de As Pontes, el presidente del comité de empresa, Luis Varela (UGT), ve "fuera de contexto" las manifestaciones del secretario de Estado, que, a su juicio, "merecen un desmentido".
"Es una inseguridad pero total, son inoportunas y peligrosas", exclama. Y es que, según expone, si esto llega a decirse hace un año, "ni una empresa pone un duro".
El anuncio del Ejecutivo socialista "ha sentado mal en la plantilla y en la sociedad", puesto que para la fábrica de As Pontes trabajan 200 personas (20 en el puerto de Ferrol y 180 en la térmica) y a esto hay que añadir los puestos de trabajo de las auxiliares, los transportistas para el acopio de carbón... "Pone los pelos de punta pensar esto", llama la atención Varela.
Por ello, reclama "sentido común" y una transición "acorde" con las necesidades de un país con un "sol y viento" determinados. Por su parte, como la central de As Pontes "está dentro de los parámetros", confía en que siga operando después de 2030.
