Los eurodiputados preguntan a la CE sobre el incumplimiento de la ley con las preferentes

La comisión debatió la situación de 32 afectados, la mayoría de Galicia

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) acordó hoy interpelar a la Comisión Europa (CE) sobre si se incumplió la normativa europea sobre protección al consumidor y productos financieros en el caso de la venta de preferentes en España. La comisión debatió la situación de 32 afectados, la mayoría de Galicia, que reclamaron a las instituciones europeas su apoyo y consideraron insuficientes las medidas de compensación otorgadas por las autoridades españolas.

"Enviaremos una carta a la Comisión Europea con una pregunta muy concreta: ¿ha habido infracción del derecho europeo por parte de las autoridades españolas?", dijo al final de la sesión la presidenta de la comisión de Peticiones del PE, Cecilia Wilkstrom. Asimismo, se hará llegar al Ejecutivo comunitario toda la información sobre el caso, para que se pronuncie si se considera competente, y a la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara para que "conozca las preocupaciones que han llegado sobre este asunto".

La Comisión de Peticiones del PE se pronunció tras escuchar el testimonio de cuatro denunciantes que viajaron hasta Bruselas para presentar su caso. Entre ellos estaba Xesús Domínguez, coordinador de los afectados en Galicia, que reclamó a la Eurocámara que "haga todo lo necesario para que no quede impune una macroestafa organizada por las entidades (bancarias), para recuperar así la confianza de los ciudadanos en Europa".

Domínguez también fue crítico con el proceso de arbitraje ofrecido más tarde a los afectados, que tachó de "arbitrario" y que, aseguró, solo resolvió "el 10% de los casos". En el debate entre los eurodiputados, Soledad Cabezón (PSOE) y Lidia Senra (AGEe) dijeron no tener ninguna duda sobre el incumplimiento de la legislación europea por parte de España.

Rosa Estarás (PP) destacó que "la mayoría de preferentes se colocaron bajo el Gobierno socialista" anterior y que, en esos años, "los organismos supervisores debían haber protegido mejor a los ciudadanos". No obstante, según Estarás, esta cuestión "corresponde más a la jurisdicción nacional, que no a la europea". En virtud del artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todo ciudadano, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer en todo momento su derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

Comentarios