El principal escollo para alcanzar un nuevo modelo en materia de financiación autonómica radica no sólo en la dificultad de poner de acuerdo a 15 comunidades, sino también en la disparidad de criterios entre unas y otras.
Y es que Cataluña se parece muy poco a La Rioja, y Galicia demanda aspectos diametralmente opuestos a los de Murcia. El Gobierno se puso de plazo mediados de julio para lograrlo. Éstas son las principales piezas del 'sudoku' autonómico y sus objetivos.
- Cataluña marca las pautas de la negociación con Madrid
Las demandas del tripartito catalán (PSOE-ERC-IU) serán decisivas por el importante peso de los diputados catalanes en el Congreso y la falta de apoyos de Rodríguez Zapatero en la Cámara. La Generalitat es la principal valedora de elevar la cesión de impuestos como el IVA o el IRPF, ya que Cataluña es una de las comunidades que saldría más beneficiada, al contar con un mayor dinamismo empresarial y más capacidad de consumo.
Hace días, el president José Montilla advirtió de que la reivindicación catalana no pasa sólo por recibir más dinero, sino por incrementar el peso de la población a la hora de repartir recursos, lo cual perjudicaría a Galicia.
En una visita en abril a Barcelona, el ministro Chaves prometió que cada catalán recibiría en renta per cápita lo mismo que la media estatal. Esta promesa siembra de dudas la capacidad que tendrá el Estado para mantener los mecanismos de nivelación, toda vez que Cataluña se sitúa entre las comunidades autónomas más solidarias de España: el 14% de sus recursos provienen del fondo de suficiencia, frente al 47% de Galicia.
- La Comunidad Valenciana apoya el criterio demográfico
La Comunidad Valenciana apoya, con matices, la postura de Cataluña en materia de financiación. El Gobierno de Francisco Camps ya puso sobre la mesa una cifra, 1.200 millones de euros de incremento, y lo basa en el aumento de la población durante la última década. Es una de las comunidades que más defienden el criterio poblacional a la hora de repartir los recursos. El motivo: desde 1999, la comunidad levantina ha ganado más de un millón de habitantes.
El Ejecutivo de Camps también se muestra a favor de que se tenga en cuenta en la ponderación el porcentaje de población inmigrante. Las comunidades receptoras alegan que su llegada supone un incremento de costes a la hora de financiar la educación o la sanidad. En el fondo, este criterio le daría ventaja respecto a otras autonomías donde el peso de la población extranjera es mucho menor. En Galicia, apenas representa el 3,8%, sólo por delante de Extremadura.
Los argumentos que pondrá sobre la mesa Valencia son radicalmente distintos a los que pondrá Galicia, pese a que en ambas comunidades gobierna el PP. Pasa lo mismo en Andalucía y Cataluña, lideradas ambas por los socialistas, y con maneras muy diferentes de afrontar las negociaciones con Madrid.
- Murcia también se integra en el 'frente levantino'
La comunidad de Murcia también forma parte del 'frente levantino', ya que comparte demandas con las otras autonomías del arco mediterráneo. Su presidente, el popular Ramón Luis Valcárcel, se ha reunido en varias ocasiones con Francisco Camps, y han dejado bien patente su complicidad, tanto en temas de financiación como en el reparto del agua.
Murcia también apuesta por mantener la importancia del peso poblacional como criterio de redistribución de recursos. En los últimos diez años, el padrón se disparó en más de 300.000 personas en una comunidad que apenas superaba el millón de habitantes.
Este incremento se debe, principalmente, a la llegada de trabajadores extranjeros. Y el Gobierno de Valcárcel quiere que se tenga en cuenta. Murcia es la cuarta comunidad con mayor porcentaje de población foránea, nada menos que un 16,3 %.
- Andalucía cuela el criterio de la población en edad escolar
Andalucía es la comunidad más poblada de España, y el Gobierno regional presidido por José Antonio Griñán (sustituto de Chaves en la Junta) ya ha desvelado que ése debe ser el principal criterio a la hora de repartir los fondos destinados a las autonomías.
Pero Griñán ha pactado con Chaves que también se tenga en cuenta la cifra de población en edad escolar, lo que juega en favor de Andalucía. En contraste, al Ejecutivo de Sevilla no le beneficiaría excesivamente que el Gobierno eleve el tramo de cesión de impuestos, que sí solicitan las comunidades más recaudadoras y que con toda seguridad se llevará a cabo. Y es que un incremento de la autonomía fiscal iría en contra de los intereses andaluces.
Revisando las cuentas de 2007 (las últimas que se han hecho públicas) la comunidad andaluza recibió más de 9.700 millones de euros a cuenta del fondo de suficiencia. La segunda autonomía con más población, Cataluña, percibió 2.800 millones. Es el primer indicador de que Andalucía se ha beneficiado (al igual que Galicia) de los mecanismos de solidaridad.
Las cifras porcentuales lo demuestran. Apenas el 13,8% de los recursos que recibió Andalucía provienen de la recaudación del IRPF. Incrementar el tramo de cesión beneficiaría a las autonomías más recaudadoras, pero reduciría el margen de actuación del Estado para redistribuir fondos entre las comunidades.
- Madrid pide contar a los residentes ''no reconocidos''
El criterio poblacional también prevalece en el modelo defendido por la Comunidad de Madrid, máxime teniendo en cuenta que se trata de una de las autonomías con mayor densidad de población. Con todo, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre tampoco está por la labor de seguir siendo la comunidad más solidaria de España, tal como demuestran las cifras. Madrid es, con Baleares, la única autonomía que aportó recursos al fondo de suficiencia.
La principal reivindicación de Esperanza Aguirre se centra en el 'reconocimiento' de 1,2 millones de personas que residen en Madrid y que no están empadronadas en la comunidad, lo que las excluye de los cómputos de distribución de recursos.
- Castilla y León se alía con las demandas que defiende Galicia
Galicia ha encontrado en Castilla y León su mejor aliado para defender unos criterios totalmente diferentes a los que apoyan las comunidades levantinas. El presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, comparte un mismo modelo con Alberto Núñez Feijóo, en el que se deberían tener en cuenta aspectos como la dispersión geográfica, la extensión del territorio o el envejecimiento de la población.
Ambas comunidades, junto a Asturias, son las que menos elevaron su padrón de habitantes durante los últimos años. En contraste, los argumentos que defienden las comunidades levantinas perjudicarían notablemente al noroeste de España. El peso de la población inmigrante resulta menor y su capacidad de autonomía fiscal es mucho más reducida que en Cataluña o en Madrid.
Desde el regreso del PP a San Caetano, no es la primera ocasión en la que Valladolid y Santiago coinciden en unir fuerzas frente al Ejecutivo socialista de Madrid. También lo hicieron a la hora de exigir un impulso al AVE gallego, que pasará por Zamora.
- Asturias se desmarca, aunque coincide en sus demandas
La presencia de un gobierno del PSOE en Asturias impide que el Ejecutivo del Principado se haya alineado formalmente con Galicia y Castilla y León. Pero en la práctica, el Gobierno de Areces (gran aliado de Pérez Touriño) comparte las mismas demandas que sus vecinos. Es la comunidad donde menos creció la población en los últimos años (incluso con crecimientos negativos) y sufre un envejecimiento acusado.
La portavoz del Gobierno astur rechazaba la idea de un 'frente común' del Noroeste porque ''no es una cuestión de enfrentarnos unas regiones con otras''. Pero Ana Rosa Migaya sí dejaba claro que esta comunidad defiende lo mismo que Galicia. ''Fuimos los primeros en exigir la ponderación de las variables de envejecimiento y dispersión'', recordaba Migaya.
- Extremadura amenaza con un plante y exige ser la ''tercera''
El presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, amenazó a finales de junio con votar en contra del nuevo modelo si no se atienden las demandas de la comunidad, una de las más favorecidas por el sistema vigente hasta la fecha. Fernández Vara no pone cifras concretas, sino que simplemente exige que Extremadura siga siendo la tercera autonomía que más recursos recibe per cápita.
Atendiendo a las cifras, una ampiación de la capacidad fiscal no beneficiaría en nada a Extremadura, al ser ésta la comunidad que menos recauda de toda España. El 60% de sus recursos provinieron del fondo de suficiencia, el doble que la media estatal.
- Canarias y Baleares, las defensoras de la insularidad
Las dos comunidades no sólo defienden el mantenimiento del criterio de insularidad, sino que también apoyan que se tenga en cuenta el incremento de población experimentado por ambas desde 2001.
El censo de ese año es el que tiene en cuenta el Gobierno central a la hora de establecer el reparto de fondos por autonomías, pero tanto Canarias como Baleares han ganado habitantes durante los últimos años, al contrario que las comunidades situadas en el noroeste.
