El Consello da Xunta ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley para el aprovechamiento eólico en Galicia, que se ha marcado como objetivo poner la zancadilla a la "especulación" en materia de megavatios que el actual Gobierno veía en el decreto del bipartito. Tal y como anunció en el mes de agosto el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, la nueva norma renunca a estudiar cualquier fórmula adicional de participación pública en el reparto del viento.
Dicho cupo, que el decreto del bipartito sí contemplaba, fue criticado en su día por Guerra y por el director xeral de Industria, Anxo Bernardo Tahoces, quienes señalaron las lagunas "legales y funcionales" del texto para justificar su derogación.
A su entender, la anterior consellería de Industria, que ocupaba el nacionalista Fernando Blanco, vulneraba el artículo 38 de la Constitución española, referido a la libertad de empresa, así como el 9.3 sobre la seguridad jurídica. Con el texto constitucional en la mano, defendieron la renuncia de la Xunta a la participación pública.
Nuevo tributo
Pero en la ley gestada por el Gobierno de Feijóo las arcas públicas no se quedan sin su trozo del pastel. Los ingresos llegarán a través de un impuesto de nueva creación, el 'canon ambiental', que alimentará un Fondo de Compensación Ambiental del que se beneficiarán aquellos concellos afectados por la colocación en su territorio de un parque eólico.
Así, los parques de hasta siete molinos pagarán 2.300 euros por máquina, cantidad que asciende hasta los 4.100 euros si se quieren colocar entre 8 y 15 aerogeneradores. Todos los que superen las 15 instalaciones pagarán un máximo de 5.900 euros. Con este impuesto, la Xunta calcula que la caja pública embolsará unos 600 millones en veinte años, "más del doble de lo que se ingresaría con el modelo de participación pública" que defendía el bipartito.
El otro objetivo es evitar la "especulación". En este caso, las medidas para tal efecto pasan por la no devolución de la fianza del 2% que se reclamará para todos los proyectos eólicos a modo de garantía hasta que estén en marcha. Así se pretenden evitar "adjudicaciones irreales", en palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de su conselleiro de Economía e Industria. Se trata además de promover estos proyectos para que "creen riqueza" en la comunidad.
Tramitación de urgencia
La normativa, que ha sido aprobada por el Consello da Xunta, entrará la próxima semana en el Parlamento de Galicia para iniciar su trámite de urgencia en la Cámara, donde será aprobada. Guerra aspira a que supere este trámite antes de que termine este periodo de sesiones. El deseo de la Xunta es que la nueva ley entre en vigor "de forma inmediata".
A partir de ahí, el conselleiro confía en que las primeras autorización de parques sean concedida en el segundo semestre del 2011 y que los primeros proyectos "puedan estar listos en el 2012", "nunca" en una fecha posterior a su puesta en marcha si el decreto del bipartito siguiese vigente, sentenció el conselleiro.
Una vez le dé el visto bueno el Parlamento, las adjudicaciones eólicas se formularán con una diferente perspectiva. El Plan Eólico Sectorial que maneja el Gobierno gallego divide la comunidad en diez zonas que, a su vez, se subdividen en áreas. "Cada área tendrá su concurso", frente al último realizado que afectaba a todos los megavatios disponibles.
Asimismo, señaló que la ley que emprenderá su tramitación parlamentaria vincula para los concursos la capacidad eólica y de evacuación de energía en las diferentes áreas, para lo que ya existen conversaciones con la red eléctrica en este sentido.
En relación con los recursos que se han puesto contra el actual decreto eólico, el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, manifestó que éstos "dejarán de tener efecto" una vez se apruebe la nueva normativa en el pleno del Parlamento.
