Los problemas de financiación de la Seguridad Social son cada vez más apremiantes y han llevado a que expertos, sindicatos y el Banco de España urjan nuevas reformas para garantizar su viabilidad. Tras años en los que la evolución del mercado de trabajo y, por lo tanto, de los ingresos permitieron que las cuentas cerrasen con superávit, los fondos del instituto público entraron en barrena en 2010 hasta alcanzar un déficit de 13.592 millones de euros, un desfase que equivale al 1,26% del PIB.
En esta situación, la propia Seguridad Social reconoce que el problema es «acuciante» y llama a "condicionar al mantenimiento del equilibrio financiero" las políticas de bonificaciones y exoneraciones de las cotizaciones, dos instrumentos de los que el Gobierno ha echado mano para promover la contratación. Así lo recoge el último informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo en el que el ente insta a que las medidas de fomento del empleo no pasen por reducir las cuotas "para no afectar gravemente a la viabilidad" del sistema. Y es que solo en 2015, las rebajas de cotizaciones restaron a los ingresos 1.615 millones y este año se prevé superar los 2.100 millones.
¿Qué distingue las reducciones de las bonificaciones?
Desde el punto de vista del empresario o del trabajador beneficiarios, nada las diferencia, pues el resultado es que pagan menos cada mes. La distinción radica en qué institución soporta su coste. Como explica Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la UVigo, las reducciones "se financian con cuotas generales", por lo que corren a cargo de la Seguridad Social, en tanto que las bonificaciones las costea el Servicio Público de Empleo.
En el informe remitido al Congreso, el organismo público es tajante al advertir de que la rebaja de cotizaciones "pone en riesgo la cobertura de la financiación de las prestaciones y genera efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario". Visto que hoy son 14 millones los que cotizan para hacer frente a 9,37 millones de pensiones —en marzo de 2007 eran 14,6 millones de afiliados para 8,24 millones de beneficiarios de una paga—, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social insiste en que "en estos momentos, más que nunca, debiera extremarse el celo para asegurar la obtención de todos los ingresos posibles".
Un simple repaso por los presupuestos de los últimos años permite comprobar que, para evitar engordar el gasto ministerial, desde 2013 el Ejecutivo ha ido recurriendo cada vez con mayor intensidad a las reducciones de cuota hasta que en 2015 estas cobraron mayor peso que las deducciones.
¿Qué incentivos hay este año?
La lista es larga. Para favorecer el empleo indefinido de parados mayores de 45 años existen bonificaciones de 1.300 euros al año durante tres ejercicios, una cifra que se eleva a 1.500 euros en el caso de las mujeres en empresas con menos de 50 trabajadores. Estas también podrán contratar desempleados de hasta 30 años, con una bonificación de 1.000 euros durante los primeros 12 meses, 1.100 en el segundo ejercicio y 1.200 en el tercero. La idea es que esta medida se mantenga hasta que la tasa de paro, que está en el 21%, baje del 15.
Las víctimas de la violencia de género, los trabajadores en riesgo de exclusión social y las personas con discapacidad también son objeto de múltiples incentivos.
Entre las reducciones de cuotas figuran las conversiones en indefinidos de los contratos en formación. Optan a una rebaja de 1.500 euros en el caso de los varones durante tres años y de hasta 1.800 para las féminas. Pero el empresario y el trabajador pueden quedar exentos de hasta el 100% de sus aportaciones si sellan un contrato para la formación que implique dejar el paro, siempre que la compañía no supere los 250 empleados.
Los incentivos se extienden a los autónomos. Para ellos, existen tanto bonificaciones para incorporar familiares como la conocida tarifa plana de 50 euros durante los seis primeros meses de actividad, una cuantía que permite ahorrar 210 euros a quien cotice por la base mínima. A partir del sexto mes, la cuota se irá incrementando progresivamente hasta su normalización pasado año y medio.
¿Son viables estas medidas visto el estado de las cuentas?
"As políticas para impulsar a creación de emprego deben financiarse con impostos, o que sucede agora non é razoable", constata el presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Vázquez Taín, consciente de que, aunque se aplicase esta norma, el agujero de la Seguridad Social seguiría persistiendo debido a la crisis demográfica y a factores como que los nuevos pensionistas perciben mejores pagas que los que causan baja. Ante la necesidad de nuevas vías de ingresos, ve complicado que pueda cubrirse el déficit de 13.500 millones con impuestos, visto que ya se destinan unos 23.000 millones a pagar los complementos a mínimos, las prestaciones no contributivas y las de los funcionarios. "Cubrir o déficit suporía, por poñer un exemplo, destinar o 25% do que se recada por Ive, o que esixiría elevar a recadación".
Alberto Vaquero, por su parte, apunta que los cambios pasan por "sustituir el sistema de reparto actual por otro de capitalización para así evitar la dependencia de la estructura demográfica". Endurecer el acceso a la jubilación, incentivar el retraso del retiro, "aceptar mayores flujos de inmigrantes" e impulsar la natalidad son otras medidas, aunque Vázquez Taín ve inevitable una rebaja de la tasa de sustitución, esto es, del porcentaje que supone la pensión sobre el último salario. En la OCDE, ronda el 63% del sueldo medio, mientras que España conserva una ratio elevada, del 89%.
¿Son efectivos estos incentivos?
En un balance de las políticas de empleo realizado para el Consejo Económico y Social, el profesor Vaquero constata algunos efectos perniciosos de estas políticas de "subvención" a la contratación.
"Es posible que los beneficiarios consigan un empleo por un breve espacio de tiempo para luego volver al paro, es el llamado efecto rebote", señala el experto de la UVigo, quien también explica que se ha comprobado que parte de los puestos creados en negocios que acceden a estos incentivos "se han generado en perjuicio de empleos de otras entidades sin este tipo de apoyos". A su juicio, habría que estudiar los efectos en Galicia, donde se destinan "ingentes cantidades a paliar las deficiencias del mercado laboral". Aquí, la Xunta también concede ayudas.
