El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy con amplio apoyo de la oposición la reforma financiera que anunció el Gobierno hace dos semanas y que ha tenido el respaldo del PSOE, CiU, Coalición Canaria, UPN y Foro Ciudadano, además del grupo parlamentario popular.
El real decreto ley para sanear el sector financiero obligará a la banca a cubrir en unos 52.000 millones más su exposición al riesgo inmobiliario, una medida que el ministro de Economía, Luis de Guindos, cree "indispensable" para que fluya el crédito, la economía se recupere y se cree empleo.
El texto ha recibido 303 votos a favor de 337 diputados asistentes y la abstención de seis diputados, uno del PSOE y los otros cinco del PNV, a pesar de arrancar el compromiso del Gobierno de que la norma no invadirá competencias autonómicas. Sólo 28 diputados han votado en contra: los de IU-ICV-CHA, UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Geroa Bai y Compromís.
Tras la convalidación del decreto, que no será tramitado como proyecto de ley, De Guindos mostró su satisfacción por el amplio apoyo recibido que, en su opinión, es una señal "muy positiva" para los mercados del respaldo del Gobierno ante la "gravedad" de la situación.
Durante su intervención en el pleno del Congreso, De Guindos insistió en su idea de que con el saneamiento que se exige a la banca, ésta volverá a acceder a los mercados de financiación y así volverá a fluir el crédito. También defendió que saldrán a la venta viviendas más baratas.
Sin embargo, casi todos los grupos le advirtieron de que se puede crear un oligopolio financiero de grandes entidades, pero con mayor aversión al riesgo y menor disposición a dar créditos. Al fin y al cabo, los diputados de la Cámara baja coincidieron en que es imprescindible que fluya el crédito para que la economía remonte y se cree empleo.
El diputado socialista Valeriano Gómez advirtió de que si la economía no deja de empeorar, ni ésta ni las anteriores reformas serán suficientes "para salir de este inmenso atolladero", aunque el Grupo Socialista apoyó la medida al creer que es una continuación de las del pasado Gobierno.
La misma idea por la que Coalición Canaria votó a favor, y también el argumento de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para rechazar el texto, basándose en que la anterior reforma financiera "no ha servido para nada".
CRÍTICAS
Una crítica del diputado de IU Alberto Garzón, quien cree que el objetivo es "ayudar a la gran banca para que ponga la puntilla final a las cajas", al tiempo que dudó de que se vaya a reactivar el crédito y anunció que su grupo pidió la creación de una comisión que investigue las causas de la crisis y sus responsables.
En cuanto a CiU y PNV, ambos se mostraron de acuerdo con las líneas generales de la reforma, aunque pidieron aclarar la redacción de la norma porque entendían que se invadían competencias autonómicas en materia de fundaciones.
El texto actual otorga al Estado el control y la supervisión de las fundaciones cuando la actuación principal de las entidades bancarias de las que han sido segregadas exceda el ámbito de una autonomía.
Esto afecta prácticamente a todas las cajas, ya que expandieron su negocio más allá de sus fronteras autonómicas, por lo que tanto CiU como PNV mostraron su preocupación y esta última formación condicionó el sentido de su voto a que se garantizara el respeto de las competencias del País Vasco.
Finalmente, De Guindos prometió que se modificará el texto del real decreto para que no haya ninguna duda de que se respetarán dichas competencias, porque insistió en que no hay ningún reparo en corregirlo y nunca hubo intención de invadir esas competencias. Aun así, el PNV se abstuvo.
