La banca española seguirá sometida a presiones en los próximos años, por la situación económica general y porque no han tocado fondo aún los precios de la vivienda, entre otros factores de riesgo, advirtieron hoy la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE).
En su última evaluación preliminar del rescate a la banca española, ambas instituciones afirmaron que España se ha alejado de los "graves problemas" que tenía el sector bancario, gracias a las medidas que ha tomado, una evaluación positiva que permitirá al país una salida limpia del programa el próximo 23 de enero, aunque con una supervisión posterior de la CE y del fondo de rescate.
En un comunicado, advierten no obstante de riesgos y problemas que afectarán a la banca española todavía durante algunos años, si bien el portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, afirmó que "el programa español ha sido un éxito".
La CE y el BCE consideran que el entorno económico general sigue "pesando sobre el sector bancario", incluso cuando su impacto ha retrocedido recientemente. De esta manera, el sector privado debe reducir la deuda que dificulta la financiación a la economía, la cual "todavía está disminuyéndose sustancialmente", especialmente para las pymes, si bien ven que esta contracción "puede haber tocado fondo", sostienen la CE y el BCE. "Esperemos ver lo antes posible una mejora de la situación. Seguiremos vigilando la evolución del mercado bancario y del crédito. Esperamos que con una mejora más global de la situación económica eso suceda lo antes posible", señaló O'Connor.
La CE y el BCE avisan en concreto de que "la rentabilidad del sector bancario se verá por tanto afectada durante los próximos años por unos volúmenes de intermediación todavía contraídos y una "continua presión sobre la calidad de los activos". Ello se debe, entre otros factores, a que la caída de los precios de la vivienda aún no ha tocado fondo y a que el ajuste en el mercado inmobiliario "se ha ralentizado pero no está finalizado".
España tendrá que seguir vigilando de cerca el funcionamiento y la estabilidad del sector bancario, indican la CE y el BCE, que recomiendan al Gobierno que haga "continuos diagnósticos profundos de la resistencia a choques" externos y de la solvencia, algo que consideran "vital" también ante las pruebas del BCE y de la Autoridad Bancaria Europea. En particular, tendrá que prestar atención a los bancos controlados actualmente por el FROB, a fin de garantizar una gobernanza y unos modelos de negocio adecuados en el futuro, y a la Sareb, que tiene que seguir esforzándose para deshacerse de su gran cartera de activos, maximizar los beneficios y contribuir al funcionamiento adecuado del mercado inmobiliario de España.
La CE y el BCE afirman que la evolución macroeconómica en España es "alentadora", refleja los progresos en el proceso de ajuste y corrobora la expectativa de una "recuperación gradual de la actividad y de que "la destrucción del empleo se acerca a su fin". "La situación económica permanece no obstante sujeta a riesgos" mientras España intenta eliminar los desequilibrios y para devolver a la economía en una senda de crecimiento sostenible "es imperativo que respete plenamente los objetivos de déficit acordados -para revertir el aumento de la deuda- y complete la agenda de reformas", afirman las dos instituciones.
Tras los avances registrados en 2013 el impulso político debe mantenerse a fin de "finalizar reformas en curso y planeadas", entre ellos la retrasada ley de servicios profesionales, la de la reforma de la administración pública, el fortalecimiento de las políticas del mercado de trabajo, la eliminación del déficit de tarifa y la revisión del sistema fiscal, indicaron.
O'Connor recalcó que la CE cree necesario fortalecer el seguimiento de los desempleados por parte de los servicios públicos de trabajo y espera que el Gobierno de "mucha atención" a este elemento en la ya denominada segunda ronda de reforma laboral.
España debe además asegurarse de que estas medidas sean eficazmente implementadas, agregaron la CE y el BCE, que afirman que la posición de solvencia de los bancos permanece "cómoda" y que las medidas tomadas por parte del Gobierno español para reconocer parte de los activos por impuestos diferidos (DTA, en sus siglas en inglés) "deberían apoyarla".
La CE y el BCE consideran además que España ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el memorando de entendimiento y que ahora debe proseguir en la senda de la vigilancia estrecha y la supervisión activa. También señalan que ha de avanzar en la reforma de la gobernanza más amplia del sector y fomentar la intermediación financiera no bancaria, a fin de consolidar los objetivos conseguidos y la resistencia del sector financiero.
