"No todo está perdido, queda la Justicia europea". Así se pronunciaba este martes el director legal de Reclamador.es, Ramiro Salamanca, después de que se confirmase el "peor escenario posible para los hipotecados", que en Galicia seguirán cargando con un gravamen que supone aplicar un tipo del 1,5% en el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) sobre el importe de la responsabilidad hipotecaria, lo que en un crédito de unos 100.000 euros se traduce en un cargo de 1.950 euros.
Salamanca, que sostiene que un giro jurisprudencial de este calado debería haberse tomado de forma unánime o por mayoría cualificada, incide en que los consumidores pueden seguir reclamando en los juzgados civiles la abusividad de la cláusula que carga todos los gastos de la hipoteca —notaría, registro, gestoría e IAJD—, apoyándose en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Y es que, en el caso de las cláusulas suelo, la Corte de Luxemburgo declaró que los efectos de la abusividad "no se pueden moderar ni integrar", de manera que solo cabe restituir lo pagado de forma indebida.
Perjudica a más de 12 millones de familias en España, lamentó la Ocu, que confía en que la Justicia europea eche por tierra este dictamen
Reclamador.es ve "ineludible" plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE para aclarar si es lícito que el sujeto pasivo del IAJD sea el cliente. También ve posibilidades de que el asunto llegue a la Corte de Luxemburgo la abogada Alicia Lorenzo, socia de Ausum, quien, con todo, admite que hay dudas al tratarse de un impuesto que no está armonizado ni tiene integración "a nivel de normativa europea". Crítica con el hecho de que quienes hayan marcado el criterio hayan sido "jueces no especializados en Derecho fiscal", a la espera de conocer el contenido de las sentencias, la jurista sostiene que debería plantearse "una jurisdicción tributaria especializada".
Miembro de Executivas de Galicia, al igual que Alicia Lorenzo, la fundadora del gabinete jurídico Aletra, Raquel Duque, incide en que será clave comprobar los argumentos de los que ahora tira el Supremo para "resucitar" el artículo 68.2 del reglamento del IAJD, que señalaba al hipotecado como quien debía correr con el tributo y que fue anulado por la sentencia del 16 de octubre y, por lo tanto "expulsado del ordenamiento jurídico".
Desde la esfera política mostraron su desacuerdo PP, C’s o Unidos Podemos, que ya ha llamado a una gran movilización cívica el sábado
"Este milagro se lo debemos a la Bolsa", sostiene la jurista en alusión a las presiones del sector financiero, que este martes celebró que el TS optase por "preservar la seguridad jurídica" en un comunicado de las patronales de bancos (AEB), cajas (Ceca) y cooperativas de crédito (Unacc).
En el polo opuesto, las críticas arreciaron desde las organizaciones de consumidores y los grupos políticos, que tacharon de "aberrante", "bochornoso" e "incomprensible" el fallo. "Perjudica a más de 12 millones de familias en España", lamentó la Ocu, que confía en que la Justicia europea eche por tierra este dictamen como ya hizo con las cláusulas suelo.
Desde la esfera política, mostraron su desacuerdo PP, C’s o Unidos Podemos, que ya ha llamado a "una gran movilización cívica" el sábado por la tarde ante la sede del alto tribunal. Desde las filas populares y la formación naranja abogaron por legislar desde las Cortes para evitar cualquier resquicio de duda sobre quién debe afrontar gastos e impuestos.
