Una jueza ordena a industrias lácteas indemnizar a granjas por fijar precios

En una sentencia pionera, un juzgado de lo Mercantil de Granada condena a tres fabricantes a abonar 2 millones a una sociedad agraria de transformación (SAT) de Navarra
Sala de ordeño de una explotación lácteo. EP
photo_camera Sala de ordeño de una explotación láctea. EP

A la espera de que la Audiencia Nacional resuelva los recursos que ocho industrias y dos patronales del sector lácteo contra las multas por valor de 80,6 millones de euros que les impuso el 11 de julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al detectar que entre los años 2000 y 2013 llegaron a pactos para contener los precios de la leche y se filtraron información sobre ganaderos llegando a intercambiárselos, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha dictado una sentencia pionera.

La resolución, con fecha del 30 de junio, condena a tres industrias a indemnizar a una sociedad agraria de transformación (SAT) integrada por 17 productores navarros con 1,85 millones de euros por lucro cesante, más otros 158.578 euros para cubrir "el daño emergente", esto es, los honorarios de los abogados que la SAT tuvo que contratar para intervenir en el expediente impulsado por la CNMC. La jueza instructora considera probado que las compañías denunciadas infringieron, entre los años 2000 y 2014, "el derecho de la competencia" y constituyeron un "cártel" con el que causaron "un daño a la demandante y a sus socios" a los que, "cuando menos, se les dificultó la posibilidad de elegir a los compradores y negociar los precios". El fallo, que refrenda la existencia de "un desequilibrio del poder negociador de la industria transformadora" frente a los ganaderos, expone que "el perjuicio" se concreta en que las granjas vendieron la leche "a un precio más bajo del que hubieran obtenido en un mercado plenamente competitivo".

Pese a que la compensación por el menor precio obtenido por la venta del alimento se queda en el 17% de los 10,8 millones que la SAT llegó a reclamar y excluye compensar los intereses moratorios, el fallo sienta un precedente importante.

Así lo explica Rafael González del Río, de Caruncho Tomé & Judel Abogados. Aunque el despacho no ha llevado el asunto sobre el que falla el juzgado granadino, tras analizar su contenido, el letrado señala que "abre la vía" al reconocer el derecho de los ganaderos "a ser indemnizados" en cuanto la Audiencia Nacional confirme las sanciones impuestas por la CNMC. El experto —que señala que la sentencia "es una rara avis", pues la SAT navarra interpuso su demanda en 2015, sin que Competencia hubiese dictado una resolución firme sobre el expediente abierto a la industria láctea a nivel nacional— incide en que el fallo también deja clara la importancia de contar con un informe pericial "solvente" a la hora de cuantificar los daños.

La sentencia de la Audiencia Nacional, en 2022
Con los procesos judiciales ralentizados por el covid, las quinielas apuntan que la Audiencia Nacional se pronunciará en 2022 sobre las millonarias sanciones que la CNMC impuso al cártel lácteo. 

Vía extrajudicial
Tras la resolución que Competencia dictó el 11 de julio de 2019, y dado que los cálculos más conservadores apuntaban a que el plazo de prescripción de los hechos podía ser de un año a contar desde el pronunciamiento del superregulador, Caruncho Tomé & Judel Abogados presentó en nombre de 500 ganaderos gallegos —en su mayoría de Lugo— reclamaciones ante las industrias. Al igual que otros bufetes, solicitó alcanzar acuerdos indemnizatorios extrajudiciales. "Algunos fabricantes contestaron, aunque todos lo rechazaron alegando que la resolución sancionadora está recurrida ante la Audiencia Nacional", indica el letrado Rafael González del Río. 

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