El Supremo decidirá quién paga el impuesto de las hipotecas el próximo 5 de noviembre

Juezas y Jueces para la Democracia pide la dimisión del presidente del órgano

Fachada del Tribunal Supremo. ARCHIVO
photo_camera Fachada del Tribunal Supremo

El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

Según han confirmado fuentes jurídicas, así lo ha acordado el representante de la sala tras la reunión convocada por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, con los seis magistrados que adoptaron dicha decisión.

En su sentencia, dictada el pasado jueves, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, fallo que contradecía uno anterior, de febrero de este año, que señalaba a los hipotecados como responsables de dicha tasa. 

SENTENCIA. El pasado jueves 18, el Supremo decidió que sea la entidad financiera, y no el cliente, el que se haga cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de su propio criterio de febrero de este año, cuando una sentencia estimó que el pago debía recaer en el cliente.

Ante la avalancha de críticas y el desplome de la cotización de los bancos, al día siguiente, el viernes, el alto tribunal anunció que paralizaba con carácter urgente todos los recursos planteados y que estudiaría si confirmaba o no la decisión.

En una nota, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, explicaba que dicha decisión se basaba en el "giro radical" en la jurisprudencia y en la "enorme repercusión económica y social" del fallo que atribuía el pago de dicho impuesto a las entidades, por ser las interesadas en la operación.

De aplicarse, la sentencia permite a los hipotecados reclamar la totalidad de los gastos de formalización de una hipoteca que vienen impuestos por el banco en la escritura de préstamo: notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación e impuesto de actos jurídicos documentados.

DIMISIÓN. Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido este mismo lunes la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, por su "nefasta gestión" de la citada sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados.

Este grupo de jueces estima que "sorprende" la actitud de Díez-Picazo, que "en una actuación sin precedentes", al día siguiente de conocerse la sentencia y ante "su enorme repercusión económica y social", acordó "con carácter urgente dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar".

Desde JJpD señalan que son conscientes "de que las resoluciones de juezas y jueces tienen impacto, no sólo en la vida y economía de la ciudadanía en particular, sino en la sociedad en su conjunto", y recuerdan a Díez-Picazo que él mismo firmó en enero de este año un auto en el que se reconocía que se había abierto "un debate doctrinal" sobre un asunto "que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso".

No existen precedentes de esta "insólita actuación" de Díez-Picazo, prosigue el comunicado, que ha generado "incomprensión y mala imagen" para la administración de justicia, con su "nefasta gestión" de un asunto "del que es único y exclusivo responsable".

Además de alarma social, se ha generado desconcierto en la ciudadanía, que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, además de inseguridad jurídica. Todo ello ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, añade la nota, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces.

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