Las inmobiliarias rechazan el plan para congelar alquileres que traza el Gobierno

El sector receta priorizar los incentivos fiscales a propietarios, ayudas a inquilinos, reactivar la construcción y controlar los arrendamientos turísticos sumergidos. Los precios medios solo bajaron en A Coruña y Santiago con respecto a 2020
Un piso en alquiler. ARCHIVO
photo_camera Un piso en alquiler. ARCHIVO

El acercamiento de PSOE y Unidas Podemos de cara a la inclusión en la futura ley de vivienda de la congelación por un plazo mínimo de tres años de los precios de los alquileres en zonas tensionadas —lo que tendría impacto tanto en las renovaciones de contrato como en los acuerdos que sellen los nuevos inquilinos— no convence a las inmobiliarias gallegas. El sector considera más efectivos los incentivos fiscales para los propietarios y arrendatarios y urge a reactivar la construcción de vivienda para incrementar tanto el parque de arrendamiento social como el convencional.

En la comunidad, los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo sitúan la renta media en 439,4 euros en abril, prácticamente en el nivel del año pasado (+0,1%), una evolución en la que se nota el impacto de la debacle económica que detonó la pandemia. Y es que no hay que perder de vista que el mercado acumula subidas continuadas desde 2015, al calor de la reactivación que siguió a la crisis financiera.

Con todo, la radiografía refleja un comportamiento desigual por ciudades. Con el precio medio más elevado de Galicia —527,3 euros al mes—, en Vigo se observa un encarecimiento del 1,4% respecto al año pasado. A escasa distancia, con un promedio de 526,2 euros, en A Coruña la oferta se abarató un 0,7%. De hecho, la ciudad herculina es la única urbe en la que se observa una contracción de los precios junto con la capital gallega, donde el descenso alcanzó el 2,7%, con una renta de 456,7 euros en abril. Pese a seguir presentando la referencia más económica, con 380 euros al mes, Ferrol es la zona en la que más se encareció la oferta, un 5,3%.

"Provocar inseguridad jurídica total en la vivienda espoleará la especulación; crecerán los precios y la desigualdad", advierte el presidente de la Fegein

Precios medios alquiler 2021.EP"La vivienda no puede ser pervertida por una excesiva intervención populista. No es un mercado persa, ni puede ser partícipe de juegos de tronos extremistas", recalca el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias. Convencido de que "intervenir" los precios acarreará "gravísimas consecuencias económicas, laborales y sociales", el empresario ourensano sostiene que "provocar inseguridad jurídica espoleará la especulación", alentando un encarecimiento y, por ende, el aumento de la desigualdad social, además de "favorecer la deslocalización" de la inversión "hacia el centro-norte de Portugal".

¿Cómo se genera, entonces, una oferta asequible? Para Iglesias, lograrlo pasa por reactivar la construcción ligada "a las necesidades reales de ubicación" de las familias y por que las administraciones "desbloqueen" el suelo destinado a vivienda de protección oficial que tienen "retenido". El portavoz de la Fegein, que defiende que "la iniciativa privada" debe tener "un papel principal" a la hora de aumentar la oferta, reivindica que "se incentive" a los dueños de las casas, "evitando políticas que vulneren el derecho a la propiedad privada". En este punto, ve claves las deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios. 

PISOS TURÍSTICOS Y VACÍOS. En una comunidad en la que el alquiler ha ido ampliando su peso hasta pasar de ser la fórmula elegida por el 9,8% de los hogares en 2008, en el inicio de la crisis del ladrillo, a rozar el 15%, el presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Carlos Debasa, incide en que "el intervencionismo de los precios, siempre debería ser la última opción". 

Partidario de priorizar los incentivos fiscales a los propietarios y las ayudas directas a inquilinos, el empresario defiende "fomentar la seguridad" de los arrendadores con seguros de impago bonificados y facilitando apoyos para acometer reformas. A todo esto, Debasa suma "la persecución activa" de los pisos turísticos irregulares, un fenómeno al que ve responsable de "haber vaciado" las ciudades de arrendamientos de larga duración, detonando "la escalada de precios". El primer espada de Agalin también ve esencial impulsar "acciones directas" para promover la integración en el mercado de venta y alquiler de las casas vacías, "un mal muy generalizado" en la comunidad.

"El intervencionismo siempre ha generado un impacto impredecible y pocas veces las medidas han cosechado el éxito esperado", apunta el presidente de Agalin

STOCK ESCASO. Según el último análisis de Servihabitat sobre la situación del mercado residencial en España en 2020, Galicia contaba en septiembre con 4.105 viviendas ofertadas en alquiler, lo que implica que la comunidad no llega a la media española 7,2 por cada 1.000 hogares

El plan de vivienda 2022-2025 llega cargado de ayudas
A la espera de que la futura ley de vivienda concrete el alcance de la congelación de precios y de la reducción que se aplicará en el IRPF a propietarios que alquilen sus pisos, el Gobierno acaba de sacar a audiencia pública el decreto que regula el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

El texto incluye ayudas de hasta 47.250 euros por casa para los promotores que construyan o rehabiliten para arrendamiento. Eso sí, no podrán cobrar más de 7,5 euros al mes por metro cuadrado útil. También habrá ayudas a municipios y autonomías para ampliar el parque público y para que la Sareb y los particulares les cedan inmuebles para alquiler asequible o social. 

Apoyo para el inquilino
El plan comprende, asimismo, ayudas para víctimas de violencia de género, de desahucios y personas sin hogar. Para los ciudadanos con "escasos medios económicos" —ingresos iguales o inferiores a tres veces el Iprem o cinco veces si son familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad— el apoyo será de hasta el 50% para rentas de hasta 600 euros. La cobertura se extenderá a menores de 35 años para que alquilen u opten por comprar en municipios de menos de 10.000 habitantes y a hogares que, de forma repentina, sufran estrecheces. 

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