El Ministerio de Industria y las tres principales eléctricas españolas --Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa-- se enfrentarán este lunes en una vista judicial convocada por el Tribunal de Luxemburgo acerca de la aplicación del real decreto que incentiva la quema de carbón autóctono en las centrales térmicas. Desde Galicia, el primero en cuestionar la aplicación de esta norma fue el BNG. Lo hizo en el Congreso de los Diputados en junio del año pasado y, desde entonces, las protestas no han dejado de sucederse.
En otoño, la máxima instancia judicial europea ya ordenó la paralización provisional de las compensaciones a las compañías eléctricas españolas que utilizan carbón autóctono para producir electricidad, a raíz de un recurso presentado por Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y la Xunta de Galicia. Ahora, la corte debe decidir si mantiene esta suspensión hasta que tome una decisión definitiva sobre el recurso contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el real decreto, que permite las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2014.
Mientras el Gobierno español considera necesario el decreto para reducir la dependencia energética, las eléctricas ven en él un daño patrimonial para las centrales que, como los ciclos combinados de gas, resultarán desplazados por el mayor uso del carbón estatal. En el caso de la vista de mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió a finales de octubre aplicar medidas cautelarísimas contra la puesta en marcha del decreto y bloquear contra todo pronóstico una norma sobre la que ya se han enfrentado las eléctricas y el Gobierno en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
En concreto, el tribunal comunitario aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior. El Ejecutivo comunitario había adoptado esta decisión después de que el Gobierno aceptase retirar de la ley una compensación, a modo de lucro cesante, para las centrales desplazadas que, a juicio de la Comisión, era ilegal.
La Justicia sigue su curso, y las eléctricas han empezado a hacer las primeras compras de carbón en el Estado. Por su parte, el Gobierno ha seguido con la tramitación de la norma, hasta el punto de que la subida de la tarifa de la luz en enero, del 9,8%, ya incluye el coste de poner en marcha el decreto. Los incentivos a la quema de carbón incluidos en el decreto y los pagos de capacidad para las centrales desplazadas tendrán un coste de 600 millones durante 2011 para el sistema eléctrico o, una vez trasladados a la tarifa de la luz, un efecto de tres puntos sobre el encarecimiento de enero.
El Supremo desbloqueó el decreto
A finales de diciembre, el Tribunal Supremo desbloqueó la entrada en vigor del Real Decreto del Carbón, que autoriza la concesión de ayudas a las centrales eléctricas que usen el carbón autóctono hasta 2014, al desestimar las medidas cautelares pedidas por las grandes compañías eléctricas y por la Xunta de Galicia. La CIG también llevó la norma ante el Supremo.
El decreto fija que las eléctricas deben presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días, a contar a partir de la entrada en efecto de dicha resolución --lo que ocurrió con su publicación en el BOE el 26 de octubre--. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa recurrieron en un auto fechado el 14 de octubre, calificando de "sumamente perentorio" el plazo de tres días fijado y señaló que las eléctricas podían impugnar la resolución de la Secretaría de Estado ante el órgano jurisdiccional competente (la Audiencia Nacional). Un recurso al que se sumó el de la Xunta de Galicia, que consideraba que con la nueva normativa, las centrales térmicas gallegas como As Pontes y Meirama, que están adaptadas para la quema del carbón de importación, reducirían en un 20% su generación de electricidad, lo que afectaría a su rentabilidad y por consiguiente, a su futuro.
Galicia contra un futuro 'negro'
Así las cosas, los nacionalistas gallegos manifestaron a mediados del año pasado su rechazo "rotundo" al decreto preparado por el Ejecutivo central, al considerar que la norma es "claramente lesiva" para los intereses de Galicia. Según explicaron, la aplicación del decreto afectaría "gravemente" a las centrales térmicas de Meirama y As Pontes que, al ver agotadas sus minas a cielo abierto, se ven obligadas a producir energía con producto importado. Por ello, la formación frentista puso desde el primer momento en cuestión una norma "que podría tener como consecuencia la destrucción de mil puestos de trabajo", una cifra que el sindicato CIG situó en el doble, 2.000 empleos perdidos.
La Xunta se sumó a las voces en contra unas semanas después. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticó la posibilidad de la entrada en vigor de la nueva normativa, indicando que si se prima el carbón español al foráneo esta situación podría ocasionar la pérdida de ''numerosos puestos de trabajo'' en las dos térmicas gallegas. No ha sido la suya la única opinión en contra dentro de la Administración gallega. El director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, quien en declaraciones a medios gallegos ha indicado que ''de llevarse a efecto la medida, para las centrales térmicas, que ya no están ahora a pleno rendimiento, barajamos la posibilidad del cierre''. Tahoces ha indicado también que la Xunta impugnará ''hasta las últimas consecuencias'' tal decreto si éste es aprobado.
Por otra parte, los Concellos de Cerceda y As Pontes calculan que la nueva normativa podría suponer la pérdida de miles de empleos, directos e indirectos, entre las dos comarcas. A esto, hay que añadir el impacto económico derivado de las restricciones por garantía de suministro, donde se estiman que las pérdidas alcanzarían los 20,4 millones.
Siguiendo todas las voces que se han levantado ante la inminente aprobación del decreto sobre el carbón, la asociación ecologista Verdegaia ha sostenido que apostar por la pervivencia de las centrales térmicas de carbón de As Pontes y Meirama es ''apostar por un futuro negro''
Además, Verdagaia indica que el uso de carbón foráneo incrementa aún más las emisiones de CO2, ya que, a las emisiones generadas en la propia central, hay que sumar las que se realizan durante el transporte de la materia prima. Verdegaia ha expresado también su rechazo a cualquier ayuda pública a los combustibles fósiles y, por lo tanto, al reciente Decreto estatal que favorece la producción de las centrales térmicas que usan carbón español.
