El extenso Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 arroja una sorpresa fiscal que amenaza con elevar la factura tributaria a los propietarios que vendan una casa de segunda mano en 2023 y a los beneficiario de una herencia o donación. Las cuentas recogen la "actualización" de los coeficientes máximos previstos que aplican las haciendas locales sobre el valor de los terrenos en función del periodo de generación del incremento de valor para determinar la base imponible del tributo conocido como plusvalía municipal.
Con todo, tanto el Ministerio de Hacienda como la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) inciden en que, de facto, no se trata de una subida de impuestos, sino que queda en manos de los municipios ejecutar o no esa actualización al alza de los coeficientes en sus ordenanzas fiscales. La Anihpl señala que las administraciones locales pueden optar por no hacer cambios e incluso por "reducir" la presión.
En noviembre de 2021 entró en vigor el decreto con el que el Gobierno reformó el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional tumbase el anterior método de cálculo, que siempre obligaba al contribuyente a liquidar el tributo aunque, en la práctica, el terreno se hubiese devaluado. El nuevo marco legal contempla la actualización de los coeficientes máximos con carácter anual, pudiendo articularse a través de los PGE. También reconoce la capacidad de los ayuntamientos para corregir hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualizaciónpara adaptarse a la realidad local.
Según lo que dispone Hacienda, el alza más pronunciada, del 50%, afecta al coeficiente que se aplica al vender un inmueble comprado hace ocho años, que pasa del 0,1 al 0,15. En cambio, en las transmisiones realizadas pasados 15 años hay un recorte del 0,12 al 0,1. También hay bajadas en las operaciones ejecutadas tras 17, 18 y 19 años, en tanto que el coeficiente máximo enfocado a las ventas a 20 o más años seguirá en 0,45.
Inyección de 46 millones en 2021
El impuesto de la plusvalía municipal inyectó 46 millones a las arcas locales gallegas en 2021, el año en el que el fallo del Constitucional paralizó por un tiempo la aplicación del gravamen.
La figura que mayores ingresos aportó fue el Ibi, 598 millones, seguido del impuesto de actividades económicas (83,6 millones) y del de circulación (131 millones).
El año pasado, 112 de los 313 concellos aplicaron el cuestionado tributo.
