Luis de Guindos y Ana Botín declararán como testigos en la causa del Banco Popular

Se investigan las dos últimas gestiones de la entidad financiera

Proc/JFIF/EFE-Calidad:Excelente
photo_camera Luis de Guindos. ARCHIVO

Proc/JFIF/EFE-Calidad:ExcelenteEl exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, comparecerá como testigo en la causa que investiga a las dos últimas gestiones del Popular el próximo 30 de septiembre, mientras que la presidenta del Santander, Ana Botín, lo hará el 8 de octubre.

En una providencia conocida este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reubica las fechas de las citaciones, previstas para esta primavera y que fueron suspendidas por la crisis del coronavirus, y emplaza al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, para el próximo 17 de septiembre.

El magistrado también cita a otras siete personas, entre ellas, al que fuera presidente no ejecutivo del Santander España en junio de 2017, esto es, cuando se produjo la compra del Popular, Rodrigo Echenique, que declarará el próximo 15 de octubre.

Días antes, el 6 de octubre, será el turno de cinco antiguos directores territoriales del Popular, Miguel Ángel Franco (zona norte), Manuel Quero (zona centro), Alfonso Ruspira (Cataluña), José Baonza (Levante) y Luis Marín (Andalucía), así como del responsable de la red del Banco Pastor en el 2016, Fernando Merino, que declararán en intervalos de 30 minutos.

El pasado mayo, el juez Calama suspendió las testificales de De Guindos y Albella "vista la creciente preocupación originada por la rápida expansión del denominado coronavirus Covid-19, que conlleva un riesgo inminente para la salud".

Sin embargo, la evolución de la pandemia le obligó a modificar el resto del calendario.

Los más esperados

La comparecencia de Albella es una de las más esperadas puesto que aunque en el momento de la resolución acababa de tomar su cargo al frente de la CNMV, previamente había sido socio responsable del despacho Linklaters, que asesoró al banco en su ampliación de capital de 2016, operación ahora objeto de la causa.

La nueva citación se produce apenas una semana después de que el expresidente del Popular, Ángel Ron, investigado en la causa, pidiera incorporar documentación que "desvirtúa el carácter anecdótico" de la intervención de Albella ante los consejeros, que acabaron por dar luz verde a la ampliación.

El banquero sostiene que el entonces socio de la firma emitió "una opinión específica" a favor de la operación, y le reprocha que en la Comisión del Congreso sobre el origen de la crisis financiera asegurase que su participación fue "esencialmente teórica" y no tuvo "nada que ver con el resto de la ampliación".

También relevante será la declaración de De Guindos, como titular de la cartera de Economía cuando se resolvió el Popular, la cual estaba programada para comienzos de abril.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017

Tal como apunta la providencia, se mantiene el formato de su testifical, de modo que el "número dos" de Christine Lagarde comparecerá por videoconferencia desde Fráncfort (Alemania), donde tiene su sede el BCE.

Mientras que Botín, de los últimos testigos en ser llamados por el juez, está previsto que explique detalles de la operación por la que el Santander adquirió el Popular a precio de saldo tras su resolución, el 7 de junio de 2017.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de ese mismo año, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización. 

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