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Guillerme Vázquez reprocha a Feijóo que no dé ''la batalla política'' para frenar el Decreto del Carbón

El BNG ve a Galicia "en una situación límite por la acción combinada de PSOE y PP". El líder de la formación frentista, Guillerme Vázquez, ha evaluado el visto bueno que el Tribunal de Luxemburgo dio a la aplicación del Decreto del Carbón, que provocará la destrucción de alrededor de 3.000 puestos de trabajo en las centrales de Meirama y As Pontes, así como la pérdida de tres puntos en el Producto Interior Bruto gallego, según los datos facilitados por Vázquez. Ello unido a la "amenaza de privatización que pende sobre la caja, los nuevos recortes a la capacidad extractiva de la flota gallega o el desmantelamiento del sector lácteo" colocan a la comunidad gallega "en una situación de difícil retorno", y reprocha a la Xunta que renuncie ''a dar la batalla política''.

Así las cosas, Vázquez ha criticado el levantamiento a la suspensión cautelar que pesaba sobre el Decreto del Carbón tras ser recurrido por tres eléctricas --Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa -- y por la Xunta de Galicia. Mientras el Gobierno español considera necesario el decreto para reducir la dependencia energética, las eléctricas ven en él un daño patrimonial para las centrales que, como los ciclos combinados de gas, resultarán desplazados por el mayor uso del carbón estatal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió a finales de octubre aplicar medidas cautelarísimas contra la puesta en marcha del decreto y bloquear contra todo pronóstico una norma sobre la que ya se han enfrentado las eléctricas y el Gobierno en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

En concreto, el tribunal comunitario aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior. El Ejecutivo comunitario había adoptado esta decisión después de que el Gobierno aceptase retirar de la ley una compensación, a modo de lucro cesante, para las centrales desplazadas que, a juicio de la Comisión, era ilegal.

La Justicia sigue su curso, y las eléctricas han empezado a hacer las primeras compras de carbón en el Estado. Por su parte, el Gobierno ha seguido con la tramitación de la norma, hasta el punto de que la subida de la tarifa de la luz en enero, del 9,8%, ya incluye el coste de poner en marcha el decreto. "Hace más de un mes" el BNG había alertado ya de que la norma tendría el respaldo de la Unión Europea, creando así una situación que "no es aceptable bajo ningún punto de vista".

Al entender de los nacionalistas, los primeros en manifestar su posición contraria al texto --en junio de 2010 y ante el Congreso de los Diputados--, el decreto no es sino "una decisión política del Gobierno del Estado que tenía como objetivo salvar puesto de trabajo en determinados territorios, y que tiene como consecuencia la destrucción de empleo en Galicia". Su aprobación contó con el apoyo parlamentario del PP en las dos cámaras. "Es una decisión política inaceptable frente a la cual todo lo que hace la Xunta es presentar un recurso jurídico, renunciando a dar la batalla política", ha criticado el líder del BNG.

Guillerme Vázquez ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo gallego, acusándolo de no ser capaz de argumentar en su recurso "la importancia que el sector de producción de energía eléctrica tiene para nuestro país". Por ello, la entrada en vigor del decreto tras la suspensión provisional es, para el nacionalista, "un nuevo fracaso" de la Xunta de Feijóo. Tras cargar contra el Ejecutivo conservador por "no dar una por los intereses de Galicia", Vázquez parafraseó a Castelao para señalar que la comunidad "debe ser algo más que una fábrica de carne para la exportación".

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