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Las grandes lácteas sancionadas por Competencia anuncian que recurrirán

Trabajador del sector lácteo. EP
Trabajador del sector lácteo. EP

Sobre ellas recae una sanción de 80 millones de euros por compartir información para influir en el precio en el que compran la leche

Las empresas lácteas Capsa, Danone, Lactalis, Puleva, Calidad Pascual y Nestlé recurrirán la sanción de 80 millones de euros impuesta por Competencia, que les acusa de intercambiar información para influir en los precios a pagar a los ganaderos por su leche.

Fuentes oficiales de las cinco compañías -Puleva pertenece al grupo Lactalis- han confirmado este lunes a Efe que presentarán recurso ante la Audiencia Nacional, que ya estimó parcialmente una de sus demandas en 2018 por "defectos" de forma.

La decisión judicial, de hecho, llevó a la (CNMC) a revisar el procedimiento para cumplir con la sentencia, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenciaque el tribunal ordenaba retrotraer el proceso hasta abril de 2014.

Una vez aplicada la sentencia, la CNMC informó el viernes de que el importe de las sanciones cae de 88 a 80 millones de euros, ya que la duración de algunas de las conductas castigadas era más corta.

Concretamente, las multas son de 21,8 millones de euros a Capsa (dueña de Central Lechera Asturiana), de 20,2 millones de euros a Danone, de 11,6 millones de euros a Lactalis, de 10,2 millones de euros a Puleva, de 8,5 millones de euros a Calidad Pascual y de 6,8 millones de euros a Nestlé.

Todas ellas han coincidido en manifestar su disconformidad con el criterio de Competencia y han considerado que no infringieron la normativa.

Además, también reciben sanciones pero de menor cuantía Schreiber -proveedor lácteo de Mercadona-, con 929.000 euros; el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, de 90.000 euros; la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, con 60.000 euros; y Central Lechera de Galicia, con 53.000 euros de multa.

Según la CNMC, las firmas implicadas cometieron una infracción tipificada como "muy grave" al intercambiar información sobre el importe a pagar por la leche a los ganaderos y sus excedentes con el objetivo de "ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios".

El expediente arrancó en 2011 con la llegada de documentación referida a la fijación del precio de leche cruda de vaca en Castilla y León y Galicia, tras lo que se realizaron inspecciones y se abrió un procedimiento sancionador que derivó en una resolución que se publicó en 2015.

Las compañías afectadas recurrieron ante la Audiencia Nacional, y el tribunal decidió en octubre de 2018 anular la sanción por defectos de forma.

En un comunicado publicado este lunes, la organización agraria UPA ha destacado la "satisfacción" de ver cómo la CNMC reconoce que las citadas compañías "se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos", tal y como ya habían denunciado.

Sin embargo, han advertido del riesgo de que estas empresas "repercutan" la multa en los ganaderos –bajando precios– o en los consumidores –subiéndolos–.

Sobre la sanción a las empresas lácteas también se ha pronunciado este lunes el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien desde Bruselas ha recalcado que "gracias a la ley de la cadena alimentaria" el sector cuenta con contratos escritos que permiten tener una "mayor estabilidad", por lo que los problemas son "muy diferentes" a los que dieron lugar a la multa.
 

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