El Gobierno ha decidido este martes limitar en los contratos bilaterales las ganancias de las eléctricas que obtienen beneficios del alto precio del gas en el mercado aunque no lo usen para producir electricidad, además ha vetado los despidos objetivos que se basen en el alto precio de la energía.
Estas son dos de las principales medidas, junto con la bonificación a los carburantes o la limitación de la revisión de los alquileres, incluidas en el plan de choque aprobado en Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania, que ha disparado los precios de la energía y la inflación en general.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confiado en que la mayoría de los partidos políticos, incluido el PP, dé su apoyo al decreto ley que recoge el plan y que el Gobierno no tiene intención de tramitar como proyecto ley dado que tendrá una vigencia limitada del 1 de abril al 30 de junio.
A la espera de que España y Portugal presenten una propuesta conjunta para aminorar los llamados "beneficios caídos del cielo" en el mercado mayorista de electricidad conforme a la excepción ibérica temporal consentida por Bruselas, se ha acordado reducir esas ganancias un 90% en los contratos nuevos o a renovar en los que se supere el umbral de los 67 euros/megavatio hora (MWh).
Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se trata de evitar rentabilidades para las compañías eléctricas que "están por encima de aquello que es razonable" y solo pueden ser imputadas al desorbitado crecimiento del precio del gas.
