Tras la controvertida aprobación de la reforma laboral por un solo voto la semana pasada en el Congreso, el Gobierno busca ahora pactar con sindicatos y patronal la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. La propuesta que este lunes puso sobre la mesa el Ministerio de Trabajo pasa por elevar su cuantía hasta los 1.000 euros brutos al mes en catorce pagas, lo que supone 35 euros más que en la actualidad. El departamento que dirige la fenesa Yolanda Díaz ha dado a CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme un margen de 48 horas para que decidan si apoyan o no ese incremento. Las partes están citadas este miércoles a una nueva reunión, que concluirá con o sin acuerdo pero con una decisión que irá al Consejo de Ministros para su aprobación antes de que acabe el mes. La subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
El apoyo de los sindicatos está asegurado si el SMI alcanza los 1.000 euros, pues es precisamente la cuantía que demandan. Al término del encuentro de este lunes, las centrales avanzaron que el Gobierno había propuesto elevar la referencia hasta 996 euros, en la banda media de lo recomendado por el comité de expertos que fichó el Gobierno para marcar la senda de subidas del salario mínimo —entre 22 y 40 euros más al mes este año—. Sin embargo, desde el ministerio aclararon que lo que se planteó fue llegar a los 1.000 euros. En una comparecencia ante los medios tras la reunión de este lunes, Díaz eludió dar la cifra ofrecida por "respeto" a la negociación, aunque ya confesó abiertamente su intención: "¿A mí qué me gustaría? Tener un salario mínimo de 1.000 euros", afirmó.
Lo difícil es conseguir el beneplácito de la patronal, que ya en septiembre se opuso a la subida del SMI en 15 euros para lo que restaba de año —hasta los 965 euros brutos al mes—advirtiendo de que no era momento de aumentar los costes de las empresas cuando la recuperación económica y del empleo tras el covid está por consolidarse. Desde la CEOE no quisieron este lunes pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno hasta analizarla "a nivel interno". Sin embargo, la semana pasada, su presidente, Antonio Garamendi, avisó de que elevar el SMI a 1.000 euros podría provocar "una contracción importante del empleo".
IGUALDAD. Contra las "voces agoreras", la ministra aseguró que subir esa referencia "mejora la economía" y ayudará a "avanzar en la igualdad", en un contexto además de elevada inflación. Su presencia en las reuniones para negociar la evolución del salario mínimo no es habitual. Se produce días después de la ajustada votación en el Congreso para convalidar la reforma laboral. Díaz explicó que con su asistencia quería "mandar un mensaje fuerte" al país. También es una muestra de su afán por pactar las medidas y reformas con los agentes sociales para dar una imagen de unidad. "Veremos si acaba con acuerdo bipartito o tripartito, pero lo realmente importante es que haya diálogo social", dijo.
El siguiente paso que debería dar el Ejecutivo para cumplir con su compromiso es situar el SMI en el 60% del salario medio —como determina la Carta Social Europea— antes de que acabe la legislatura, esto es, en 2023.
Países europeos como Italia, Dinamarca, Finlandia y Suecia no tienen establecido un salario mínimo inteprofesional. Entre los que sí lo tienen regulado, la ministra Yolanda Díaz destacó que "solo hay dos que no han subido el SMI, lo que indica que toda la UE está caminando en la misma dirección".
Unos 2 millones
Es la cifra aproximada de trabajadores a los que afectará el alza del salario mínimo. Tiene impacto en los contratos que lo usen como referencia. La mayoría de los convenios colectivos suelen contemplar retribuciones superiores.
