El Gobierno plantea alargar los Erte hasta febrero y realizar cursos formativos

Las empresas deberán solicitar la prórroga de su regulación antes del 10 de octubre y se plantea el silencio administrativo negativo
Representantes de patronal y sindicatos, junto a Yolanda Díaz, en una reunión celebrada en 2020 para abordar el SMI. ARCHIVO
photo_camera Representantes de patronal y sindicatos, junto a Yolanda Díaz, en una reunión celebrada en 2020 para abordar el SMI. ARCHIVO

El Gobierno propuso este martes a los agentes sociales extender los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) del covid hasta el 31 de enero. Como peaje, plantea que las empresas que quieran seguir con estos mecanismos, que contemplan exoneraciones en las cotizaciones, deberán brindar formación a los trabajadores con su contrato suspendido o su jornada reducida, una opción que no convence a la patronal CEOE, que considera que el sistema de cursos "ha demostrado ser ineficaz".

La idea es que la formación se ejecute entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, según UGT, que reconoció que esta modificación genera dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación.

Por otra parte, la prórroga de los Erte no será automática, sino que las empresas deberán presentar una solicitud expresa antes del 10 de octubre, volviendo a demandar la prestación de desempleo para los afectados. El plazo de resolución será de diez días y el silencio administrativo, en este caso, será interpretado como una desestimación, lo que ha suscitado críticas.

En cuanto a las cuotas a la Seguridad Social, el Gobierno ofrece una exoneración del 100% para los Erte de impedimento y del 50% para empresas de menos de 50 empleados en las regulaciones por limitación de la actividad, que será del 40% en las de mayor envergadura. El nuevo plan acabaría con la diferenciación que ahora se hace al primar la vuelta de trabajadores al tajo con reducciones de cuota mayores.

Por otra parte, el Ejecutivo abre la puerta a mantener todos los sectores ultraprotegidos y la cobertura a asalariados fijos discontinuos, además de prever un mecanismo para los afectados por la erupción volcánica de La Palma.

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