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El Gobierno descarta congelar pensiones pero el IPC en negativo frustra un subida

Un jubilado camina por la calle apoyado en su bastón. AEP
Un jubilado camina por la calle apoyado en su bastón. AEP
Quiere blindar por ley el poder de compra de los jubilados desde enero con una "regla fija" de revalorización a la espera de la reforma ▶Pretende que la jubilación anticipada se penalice con una reducción real del 8% en la paga por cada año que se adelante el retiro

"No se estudia una congelación de las pensiones". Fue el mensaje de tranquilidad que el ministro de Seguridad Social trató de lanzar este viernes a los más de 9,7 millones de perceptores de una paga pública en España de cara a la actualización de las cuantías en 2021. Tras saltar las alarmas por la posibilidad de que el Gobierno decida no subir el sueldo de los empleados públicos –como viene ocurriendo desde 2016– tras el impacto de la pandemia en las arcas del Estado, José Luis Escrivá descartó que esté sobre la mesa tomar una medida de ese tipo con los pensionistas. En todo caso, puede que el escenario de congelación se dé aunque no lo imponga directamente el Ejecutivo. Al menos si la revisión de las pagas se supedita a la evolución de los precios, un factor que se tuvo en cuenta para mejorarlas en los tres últimos años. Sin embargo, todo apunta a que el IPC cerrará el año en negativo. La previsión de Funcas, por ejemplo, apunta a una tasa anual del -0,2%. Eso significa que, en términos generales, no subiría el coste de la vida y se entendería que los pensionistas no perderían poder adquisitivo aunque sus prestaciones quedasen congeladas.

Sin aludir a ese escenario, Escrivá avanzó en una entrevista en la Cadena Ser los planes del Gobierno de establecer por ley una "regla fija" para la revalorización de las pensiones ya el año que viene. "Nuestro objetivo es despejar la incertidumbre que existe sobre los mecanismos de mantenimiento del poder adquisitivo de forma permanente", afirmó. Se trataría, por lo tanto, de blindar la capacidad de compra no solo el próximo año a través de los presupuestos, sino en el medio plazo. Ese marco "estable" ligará previsiblemente la evolución de las pensiones al IPC.

El Gobierno quiere mover ficha de esa manera porque la reforma del sistema de pensiones sigue pendiente y no parece que vaya a estar lista para su aplicación este año. Aún está por cerrar un acuerdo entre los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo con las recomendaciones –entre las que figurará ligar la actualización de las pagas al coste de la vida salvo novedad–, diseñar después los cambios consultando a los agentes sociales y, a partir de ahí, tramitar la reforma en el Congreso.

PREJUBILACIONES. Entretanto, el Ejecutivo trabaja ya en vías para reducir las jubilaciones anticipadas. Actualmente ya existe un mecanismo que desincentiva esta modalidad, y consiste en aplicar un recorte de hasta el 8% por cada año que se adelante el retiro. Sin embargo, se aplica sobre la base reguladora y no sobre la pensión, por lo que en la práctica la reducción se queda en el 2 o 3%. Para elevar la penalización, Escrivá avanzó este viernes la intención de que los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas se apliquen sobre la cuantía de la paga, una modificación que se quiere acometer en lo que queda de año.

Bonificar más la jubilación tardía es otro de los objetivos de su departamento. El incentivo que reciben en la actualidad los trabajadores que prolongan su vida laboral es una subida de entre el 2 y el 4% sobre la base reguladora con la que se calcula la pensión por cada año que siga en activo una vez cumplida la edad legal de retiro. En Portugal, por ejemplo, el aumento llega al 12% anual.

Otro de los cambios anunciados esta semana por el ministro pasa por traspasar ya a los presupuestos del Estado para 2021 una parte de los 23.000 millones de gastos "impropios" que ahora costea el sistema de pensiones con lo que ingresa por cotizaciones.

Discrepancias. Nueva grieta en el Ejecutivo por el sueldo de los funcionarios
La posible congelación del salario de los empleados públicos el próximo año ha abierto una nueva grieta en el Gobierno de coalición. Después de que representantes del Ejecutivo del sector socialista como la coruñesa Nadia Calviño o María Jesús Montero dejaran la puerta abierta a la medida este jueves, el viernes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmó que sería un "error garrafal". Argumentó que lo que toca ahora es "estimular la economía" ante el impacto de la pandemia de covid-19.

"No es tema central"
En cambio, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, señaló que con el IPC en terreno negativo este "no es un tema central".

Laboral. Trabajo plantea una prestación para los fijos discontinuos tras salir de un Erte

La primera propuesta del Gobierno para la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo más allá de este mes contempla una prestación para los fijos discontinuos que salgan del Erte y no tengan derecho a paro. Sería una ayuda equivalente a la que hayan cobrado durante el ajuste laboral, aunque los detalles están por concretar.

De hecho, no hay nada decidido, pues Gobierno y agentes sociales seguirán negociando la semana que viene la prolongación de los Erte. Sigue sin estar claro hasta cuándo se prolongarán, si se mantendrá la cuantía de la prestación para los afectados en el 70% de la base reguladora y no se baja al 50%, y cómo será el esquema de exoneraciones. En cuanto a la protección, el Ejecutivo plantea un modelo enfocado hacia las empresas que más la necesiten y no por sectores. Las partes esperan cerrar un acuerdo la próxima semana, al igual que para regular el teletrabajo en la Administración.

Gastos. La alimentación acumula ya cinco años y medio de encarecimiento en Galicia

El encarecimiento de la alimentación es un suma y sigue. Este capítulo de gasto, uno de los que más peso tiene sobre las economías domésticas, acumula ya año y medio de subidas constantes en Galicia. La última fue la registrada en agosto, cuando el coste de la cesta de la compra de comida y bebidas no alcohólicas repuntó un 2,7% en relación al mismo mes de 2019 en plena crisis por el coronavirus.

La fruta fresca volvió a liderar las subidas el mes pasado con un encarecimiento del 15,7% en la comparativa interanual, el más intenso desde hace un año.

Otra sección del supermercado en la que se incrementaron más los precios es la carnicería, sobre todo el cerdo (+4,8%), pero también el pollo (+2,6%) y la tercera (+1,2%). La alternativa del pescado tampoco escapó a un nuevo repunte, del 2,1%. El aceite, las patatas y las hortalizas son de los pocos alimentos que registraron bajadas.

En general, el índice de precios de consumo (IPC) cerró agosto con una tasa interanual del -0,4%, con lo que acumula seis meses seguidos en negativo influido por la electricidad, los carburantes o el ocio.

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