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El Gobierno da más cobertura a los okupas en la ley antidesahucios

Pintada en Lugo. AEP

 Sin violencia o intimidación no se desalojará a quien entre en pisos de bancos o promotoras

El Gobierno ha hecho una modificación en la ley antidesahucios que conlleva que para poder desalojar a un okupa de una vivienda propiedad de un gran tenedor de inmuebles —más de diez— que estaba vacía tendrá que haberse producido "violencia o intimidación sobre las personas" en el momento de la entrada ilegal o durante el tiempo de permanencia en el piso o casa. Hasta ahora la norma permitía la expulsión si el acceso a la vivienda era "consecuencia de delito", como el de usurpación, que se produce en todos los casos, lo que lleva a concluir que la nueva redacción amplía la cobertura sobre la ocupación.

Apenas un mes después de prorrogar la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el fin del estado de alarma el 9 de mayo, el Ejecutivo ha ‘colado’ en el decreto que regula la figura del consumidor vulnerable frente a fraudes ese cambio en uno de los artículos de la normativa antidesahucios. Los potenciales perjudicados son los bancos, promotoras o fondos de inversión titulares de más de diez inmuebles urbanos —excluyendo garajes y trasteros—, pues el nuevo marco ampara a quien entre sin autorización en alguna de sus propiedades. Si no se produce "violencia o intimidación sobre las personas", el lanzamiento estará vetado. El acceso sin permiso a una vivienda vacía, lo que constituye un delito de usurpación, no bastará por lo tanto para que un juez ordene la expulsión.

Sí se mantienen los desahucios cuando la okupación afecta a una vivienda de un particular, tanto si es su domicilio habitual como una segunda residencia, independientemente del número de inmuebles que tenga en propiedad. También se procederá al desalojo de quien entre de forma ilegal en el piso o casa de un particular o empresa que lo tenga alquilado o cedido a una familia que viva allí o sea su segunda residencia. Hasta ahora este último punto protegía solo a las personas jurídicas y el Ejecutivo lo ha extendido a las físicas.

Este marco estará vigente hasta que finalice el estado de alarma, pero Unidas Podemos quiere ir más allá. Los socios del PSOE en el Gobierno quieren incluir en la Ley de Vivienda que negocian desde hace semanas la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional y de cortes de suministros a la población vulnerable, una medida también en vigor hasta el 9 de mayo. "En un país con más de 3 millones de viviendas vacías no se puede dejar a nadie en la calle", alegan fuentes del partido de Pablo Iglesias. Es una de las principales demandas de la formación para esta ley, junto con la regulación y la intervención pública a través de ayuntamientos y comunidades que permita limitar el precio del alquiler.

El Gobierno alega que se protege a dependientes, niños y mujeres maltratadas
El Gobierno alega que el motivo por el que allana el camino para que los jueces paralicen los procesos de desahucio de okupas en viviendas vacías de grandes tenedores es proteger a familias con menores a su cargo, personas dependientes o mujeres víctimas de violencia de género. Así lo explicó a AGN el secretario general de Vivienda, Francisco David Lucas, quien explicó que la intención es que estas personas no sean desalojadas sin que un juez «solicite previamente un informe a los servicios sociales que acredite su vulnerabilidad y se intente buscar una solución habitacional» en un plazo máximo fijado en tres meses.

Con la redacción anterior del decreto, el hecho de entrar en una vivienda sin autorización ya conllevaba la paralización del desahucio por ser delito. Lucas remarca que la medida es temporal mientras dura el estado de alarma y que los grandes tenedores podrán pedir una indemnización.

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