El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha divulgado este viernes una sentencia en la que prohíbe a la empresa Gas Natural emitir facturas de cobro de consumos de energía eléctrica correspondientes a periodos anteriores a un año. Según el texto, el tribunal considera que "la facturación de energía por periodos anteriores a un año es abusiva y por tanto ilícita en la medida que es contraria a la reciprocidad y la buena fe".
Se resuelve así la demanda colectiva presentada por la Fiscalía Provincial de A Coruña contra Gas Natural ante las quejas de decenas de usuarios que recibían estos recibos. La empresa demandada tampoco podrá, a partir de ahora, interrumpir el suministro a los clientes con impagos de facturas anteriores a un año o incluir a estas personas en un fichero de solvencia patrimonial, una cuestión que el juzgado también ve como ilícita y abusiva.
Asimismo, la sentencia qtambién contempla la comunicación al Ministerio de Industria y Energía de la decisión "por si procede imponer a la empresa demandada sanciones de carácter administrativo, de conformidad con la establecido en la Ley 24/2013 del sector eléctrico". No obstante, la resolución judicial no es firme y podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.
Por otro lado, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, ha pedido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que se prohíban los cortes de luz a los hogares que no pueden pagarla y que se exija un informe previo al ayuntamiento preceptivo. El también alcalde de Vigo ha mantenido en la tarde de este viernes una breve reunión con Nadal en la sede del ministerio, en Madrid, para trasladarle la postura de los municipios sobre la pobreza energética.
Su propuesta es que se prohíba "taxativamente" el corte de la energía eléctrica o de gas en los hogares hasta que se emita un informe del ayuntamiento, en el que se indique la causa del impago de la factura, de manera que si es por razones económicas no se pueda interrumpir el suministro. El ayuntamiento puede elaborar un informe "rapidísimo" de cada hogar en concreto, identificando a las familias y la situación en la que se encuentran, de modo que se evite la suspensión del servicio en casos de grave carencia económica.
