"La actividad exportadora sigue batiendo récords"

Tejerina: "No se puede lograr la incorporación de los jóvenes al agro si la producción no es rentable"

Experta en temas comunitarios y buena conocedora del sector agrario, la ministra de Agricultura (Valladolid, 1968) aborda el cargo con el objetivo de reforzar el trabajo iniciado en la anterior legislatura
Isabel García Tejerina, durante su visita a la quesería Entrepinares en Vilalba
photo_camera Isabel García Tejerina, durante su visita a la quesería Entrepinares en Vilalba

GARCÍA TEJERINA cree en el campo y en el futuro de la actividad agraria desde un sector organizado, el desarrollo de unas estructuras competitivas pensando en los mercados, a partir de una mayor información y el uso eficiente de los medios de producción para lograr una actividad rentable. "Si no hay rentabilidad, mal se pueden incorporar al sector agrario nuevos agricultores por muchas ayudas que se les concedan", apunta. 

¿Qué supone su nombramiento? 

Supone apostar por una política de continuidad en lo que ya estábamos trabajando desde la legislatura anterior y plantear otras de futuro para ajustar la situación del sector a las nuevas exigencias de los mercados y de la PAC donde el cambio climático va a jugar un papel clave. 

¿Cómo afronta los nuevos retos? 

Continuaré con la política de diálogo con todos los interlocutores del sector agrario y de la industria alimentaria. Voy a escuchar sus posiciones, sus demandas, y trabajaré conjuntamente para conseguir lo mejor para el desarrollo de la actividad agraria. 

El sector agrario ha valorado muy positivamente la Ley de la Cadena, pero la ve insuficiente para perseguir cuestiones clave para la defensa de sus intereses como la venta a pérdidas o las ventas a precios de oferta. 

La Ley de la Cadena ha marcado un antes y un después en la relación entre el conjunto de las partes que tienen intereses en el recorrido de un producto desde que sale del campo o de la industria hasta que el mismo llega al consumidor en cuestiones como firma de contratos con precios incluidos, plazos de pago, evitar pagos anormales o exigencias de información confidencial a las empresas. Existe y funciona una agencia para el seguimiento del comportamiento de la cadena y un observatorio donde se analiza su desarrollo y donde se pueden debatir puntos a mejorar. Pero, las competencias en materia de ventas a pérdidas se hallan en otra disposición, la Ley de Comercio Minorista y las mismas corresponden a las comunidades autónomas. Agricultura solo puede detectar posibles situaciones irregulares, de oficio o por denuncias del sector y remitir esos expedientes a las comunidades, que son las únicas con capacidad para actuar. 

Capacidad "Es necesaria una mayor eficiencia en el uso de los medios de producción"


La Ley de Integración Asociativa solo ha tenido tres seguidores. ¿Qué ha faltado? 

Hay varias peticiones más para la constitución de entidades prioritarias. Confiamos que siga adelante el proceso de concentración y para ello existen fondos por unos 225 millones de euros. No ha faltado nada, sino que se trata de un proceso lento ante la resistencia del propio sector a integrarse con otros. 

El relevo generacional no acaba de despegar por la escasa incorporación de los jóvenes, a pesar de las ayudas previstas. 

Yo creo que es un proceso que está funcionando y que funcionará mejor en la medida en que consigamos que la actividad agraria sea cada vez más eficiente, competitiva y, en consecuencia, con una mayor rentabilidad. Es cuestión de rentabilidad y además que el agricultor valore lo que está haciendo como un trabajo clave para el resto de la sociedad. 

¿Hasta qué punto esta baja incorporación de los jóvenes no guarda también relación con un medio rural con muchas carencias de servicios y hasta un trato desigual en materia de ayudas al estudio de los hijos de agricultores y ganaderos? ¿No debería abanderar el ministerio la demanda de ese procesos de mejoras? 

Es evidente que existen problemas en el medio rural, pero se trata de cuestiones que no se hallan entre las competencias directas del departamento y donde tienen mucho que decir las comunidades autónomas. 

Legislación "La Ley de la Cadena Alimentaria ha marcado un antes y un después en las relaciones entre todas las partes" 


El valor de la Producción Final Agraria se halla prácticamente estabilizado entre los 42.000 y los 43.000 millones de euros, mientras los costes de producción se han disparado y la renta es inferior a la de hace un década… 

En los dos últimos años ha mejorado la renta y para este ejercicio se esperan unas cifras más positivas. La renta agraria responde en una parte muy importante al volumen de la producción, a los precios de los mercados y al importe de las ayudas. Pero, un factor determinante es el volumen de los costes por gastos en medios de producción donde tenemos mucho trabajo por desarrollar. 

Para comenzar, es preciso llevar a pie de explotación la información más completa sobre la evolución y perspectivas de los mercados, sobre el uso adecuado de semillas o abonos, de los productos zoo y fitosanitarios, de la maquinaria, de la innovación, energías alternativas, ahorro de agua, etc., para que agricultores y ganaderos puedan adoptar decisiones en todos los aspectos de la explotación con criterios fundados indispensables para ser los más eficientes y tener la máxima competitividad con un ajuste en los costes considerando también las exigencias del cambio climático. Algo que en su día ofrecían las agencias de Extensión Agraria, hoy en manos de las comunidades autónomas. Es un reto para todos al que no debemos perder de vista. 

¿No es posible un observatorio para analizar el comportamiento de los precios de los medios de producción incontrolados, como se hace con la Cadena Alimentaria? 

No estoy cerrada a ello y a todo lo que sea lograr una mayor transparencia e información que es buena para todos.

Los regantes siguen sin lograr contratos de temporada pagando potencia sin utilizarla todo el año. 

En su día, bajo el gobierno socialista se eliminaron las tarifas especiales por exigencias comunitarias y en la legislatura anterior aplicamos una serie de bonificaciones fiscales al regadío. De cara al futuro, lucharemos para negociar un cambio a la situación actual de los contratos. 

Jurisdicción "El Ministerio de Agricultura no puede perseguir la venta a pérdidas por ser una competencia de las comunidades" 


¿La política de regadíos está paralizada? 

En la legislatura anterior finalizamos los planes de cuenca y ahora estamos trabajando en un pacto del agua para seguir con la mejora de estructuras con el horizonte de 2020. 

¿El seguro agrario está en la cuerda floja por las ayudas a la baja? 

La prórroga de los presupuestos solo nos permite mantener hoy los fondos del ejercicio anterior, si bien hay que señalar que los recursos procedentes de Agricultura han seguido creciendo ligeramente en los años anteriores, a pesar de la crisis, lo que no ha sucedido con las comunidades autónomas. Será preciso ajustar esas disponibilidades a una mayor demanda de aseguramiento. 

El sector teme nuevos acuerdos comerciales con terceros países si los mismos no se hacen en condiciones de igualdad en las normativas desde la producción a los mercados. 

Los acuerdos comerciales son algo indispensable para seguir creciendo y creando empleo, y no podemos estar al margen de los mismos. Lo importante es que los mismos se hagan desde la igualdad en las normativas en cuestiones que van desde la producción a la sanidad y seguridad alimentaria, a las políticas arancelarias o de ayudas. 

¿Cómo se ve el futuro de la PAC a partir de 2020 desde el puesto? 

Hemos de estar preparados en cuanto Bruselas ponga sobre la mesa sus primeras propuestas políticas de la reforma a partir del segundo semestre de 2017. En la reforma anterior, la Administración española tuvo que ir a remolque porque se había llegado tarde a los primeros debates, aunque finalmente logramos un buen resultado. Actualmente es preciso trabajar ya en la elaboración de nuestra propuesta para estar en el grupo que comande los debates. Debemos luchar para conseguir mantener el nivel global de ayudas, aunque parece evidentes que en la distribución final de las mismas se van a tener muy en cuenta aspectos relacionados con el cambio climático como ahorro de agua, emisiones de CO², prácticas de laboreo y, en definitiva, endurecimiento del actual pago verde.

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