"Están apretando con novas normativas que aumentan o traballo, as xestións e gastos"

Agricultores y ganaderos han dado un golpe en la mesa con sus protestas para exigir que se bajen marchas con las exigencias medioambientales y la burocracia, que se apliquen las mismas reglas de juego a los productos que se importan de terceros países y unos precios justos. Esgrimen que su trabajo permite alimentar el mundo
Jesús, en su explotación, en el concello de Dumbría. LELY
photo_camera Jesús, en su explotación, en el concello de Dumbría. LELY

Propietario junto a su hermano de una granja de leche con 500 vacas en ordeño en el concello coruñés de Dumbría, Jesús Perfecto Fernández es uno de tantos ganaderos abocados a adaptarse a la ola de nuevas exigencias en materia medioambiental o de bienestar animal que emanan de la política de la Comisión Europea y suponen una condicionalidad reforzada para el cobro de las ayudas de la PAC.

Entre ellas están el cuaderno digital en el que las explotaciones deberán anotar, entre otras cuestiones, las aplicaciones de fertilizantes y fitosanitarios en las parcelas y que será obligatorio a partir de septiembre para las granjas de mayor tamaño y un año después para las pequeñas tras dos moratorias, o la prohibición desde el pasado 1 de enero de aplicar el purín con plato o abanico salvo alguna excepción para pasar a otros sistemas como los inyectores.

"Van apretando e ás veces nin sabes todo o que cambia", cuenta Jesús. Resignado ante las nuevas normas que "haberá que cumprir", señala que supondrán "un aumento das xestións e do gasto".

En el caso del cuaderno digital, explica que aunque los productores anoten todos los datos acabarán pagando a una asesoría para trasladar esa información a las administraciones por vía telemática. "Leva tempo e traballo, e quen o faga vaino cobrar", remarca.

Jesús alude a otras medidas como la obligación casi generalizada de disponer de un plan de abonado o de contar con la figura del veterinario de explotación, una suerte de médico de cabecera para las granjas con funciones como diseñar y supervisar un plan sanitario integral o controlar el cumplimiento de la normativa en sanidad animal.

Una vez entre en vigor previsiblemente en mayo, supondrá trámites burocráticos específicos y cambios en muchas ganaderías.

Ganadería de Pazos, una de las granjas automatizadas más modernas de España, tiene pendiente cambiar la cisterna de purín para adaptarse a las nuevas exigencias, lo que supone sumar una nueva inversión a las que tiene en marcha. Aunque cuenta con una planta de biogás para autoconsumo energético que deja el purín sin restos de metano, tienen que cumplir igualmente la norma.

Este ganadero por vocación señala que se trata de un sector sometido a muchos controles, sobre todo en el ámbito de la sanidad y el bienestar de los animales. Cuenta que hace pocos días le llegó una multa de unos 800 euros relacionada con el caso de vaca que enviaron al matadero en abril de 2022 para consumo humano y que el veterinario de esa industria consideró que no era apta para el transporte. "Se cadra o animal nin valía eses cartos", concluye.

"Restrinxen cada vez máis os fitosanitarios e non hai con que tratar o grelo ou a xudía"

Alberto Amil, en su huerta en Cambados. CEDIDA
Alberto Amil, en su huerta en Cambados. CEDIDA

Desde su huerta en Cambados, en la que produce lechuga, pimientos de Padrón y aguacate para poner en el mercado, Alberto Amil comparte las reivindicaciones de los agricultores en rebelión al vivir en primera persona el peso de las crecientes exigencias medioambientales, la mayor burocracia y la competencia que suponen los productos agrícolas llegados de terceros países.

Uno de los principales "problemas" a los que alude el presidente de la cooperativa Horsal —que aglutina a productores de hortalizas y frutas fundamentalmente de O Salnés pero también de otras zonas de Galicia— tiene que ver con la cruzada de la Comisión Europea contra los fitosanitarios que se usan para prevenir o controlar plagas y enfermedades que afectan a las plantas. Denuncia que no existe ningún producto que se pueda emplear para tratar cultivos propios de la comunidad como la berza, el grelo o la naviza. Dice que lo mismo pasa con la judía ante posibles ataques como el del pulgón o el trip.

Lo atribuye a las patentes que tienen que pagar las grandes empresas químicas, a las que "non lle compensa" registrar fitosanitarios si tienen que desembolsar "unha pasta" para vender "poucas unidades". Y advierte: "Se cada vez nos restrinxen máis os fitosanitarios, baixará a produción e haberá que vender máis caro".

Competencia desleal

Critica que, mientras tanto, entran "de Marrocos e doutros países de fóra da UE" alimentos que "están tratados con productos que hai 30 anos que non se poden usar aquí". Entiende que estén prohibidos por su toxicidad, pero lo que no comparte son las diferentes reglas de juego para los cultivos que llegan de terceros países, en los que ve una "competencia desleal".

Pone el ejemplo de la judía, que en Marruecos "pódena tratar co que lles dea a gana y, "por riba, véndena máis barata". Cuenta también que las exigencias medioambientales para acceder a las ayudas de Productores de Frutas y Hortalizas se "complican" cada vez más.

"Agora pídennos deixar descansar as fincas", dice. A la lista de indignaciones, suma "que se siga usando a leituga como produto reclamo" en algún supermercado y vendiendo "a perdas" pese a que la Ley de la Cadena Alimentaria lo prohibe.

Sobre la creciente burocracia, tira del mensaje de un vídeo viral para ironizar con que poner en marcha una explotación hoy requiere "tantos permisos como levantar unha central nuclear". El presidente de Horsal señala que aquellos que legislan "desde un despacho" deben hacerlo "para todos" y escuchar al agro.

Comentarios