Considerada como la mayor estafa piramidal basada en la inversión en criptomonedas, la investigación que la Audiencia Nacional ha abierto en torno a la operativa de la empresa Arbistar 2.0 tiene afectados en Galicia y, según el bufete compostelano Oulego Abogados, se cuentan por cientos. Desde que el 21 de abril trascendió el auto del juzgado central de instrucción número 4 son varios los pequeños inversores que han contactado con el despacho, principalmente de Vigo y A Coruña.
En cuanto a su perfil, el abogado José Ramón Oulego constata que se trata sobre todo de personas mayores con cierta capacidad de ahorro, pues cuando invirtieron un bitcoin «costaba unos 10.000 euros». En el auto dictado en abril, la Audiencia Nacional ya avanzó que esta supuesta estafa podría alcanzar los 32.000 afectados con un perjuicio de más de 100 millones de euros.
El letrado explica que va a demandar que a sus defendidos se les devuelvan los bitcoin de los que eran titulares cuando en el último trimestre de 2020 Arbistar 2.0 dejó de atender las órdenes de reembolso y bloqueó las cuentas, apuntando a un problema informático.
Con sede en Tenerife, la empresa ofrecía como gancho rentabilidades de entre un 8 y un 15% mensual, que se pagaban semanalmente a costa del dinero de los nuevos ahorradores que captaban. Incluso ofrecían un plan amigo por el cual se compensaba a quien llevara a un conocido. Además, podía reinvertir lo cobrado. ¿Cómo actuaba Arbistar 2.0? Administrada por Santiago Fuentes Jover, se centraba en el arbitraje, operando supuestamente con robots que adquirían los criptoactivos comercializados en diferentes plataformas de exchange, aprovechando las diferencias de precio para sacar rédito. La captación de clientes se sustanciaba a través de internet, redes sociales y del boca a boca.
Especializado en derecho bancario y fintech, Oulego incide en la pertinencia de reclamar las cuantías atrapadas para poder demostrar ante la Agencia Tributaria que se ha sufrido una pérdida patrimonial al presentar la declaración de la renta. Para probarlo, es necesaria una sentencia que constate la apropiación de los activos.
Aunque en 2019 el Supremo concluyó que el bitcoin no se puede equiparar al dinero a efectos de responsabilidad civil, lo que implicaría que las víctimas deberían recuperar el valor de lo invertido en euros más los intereses legales, Oulego aspira a que sus clientes reciban ciberdivisas. Así, saldrían beneficiados, pues si en septiembre el bitcoin se cambiaba por unos 10.776 euros, ahora ronda los 56.700.
