España es, de lejos, el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres con la crisis, a causa sobre todo del desempleo y de que el sistema de protección social ha dado una peor cobertura a los menos protegidos en un sistema laboral muy segmentado.
Entre 2007 y 2010 los ingresos del 10 % de la población española más pobre cayeron de media anual un 14 %, mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajaron más del 10 % y sólo cayeron más del 5 % en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia, según el informe Panorama de la sociedad publicado hoy.
En esos tres años en que los más pobres perdieron prácticamente un tercio de sus ingresos, los del 10 % más rico bajaron en España un 1 %, como en la media de la OCDE. También en ese periodo, el porcentaje de variación del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica, se incrementó en casi un 3 %, cuando en ningún otro país de la organización lo hizo en más del 1,5 % (sólo Eslovaquia se acercó a esa cifra y la OCDE en su conjunto se mantuvo estable).
Sobre la base de ese parámetro, España era el octavo país con mayor desigualdad de los 34 miembros, por detrás de Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel, Portugal y Reino Unido.
El porcentaje de población pobre (con un ingreso inferior al 50 % de la media) aumentó entre 2007 y 2010 algo menos de dos puntos porcentuales -un umbral que sólo superó Turquía- hasta el 15,4 %.
Los autores del estudio vincularon la ampliación de la brecha social en primer lugar a la escalada del paro -España explica el 55 % del aumento del desempleo de toda la eurozona entre 2007 y 2013-, pero también a que quienes más perdieron su empleo, por el tipo de contrato que tenían, ha sido el colectivo al que con más deficiencias cubría el sistema de protección social.
Herwig Immervoll, uno de los autores del informe y responsable del capítulo sobre España, precisó a Efe que la polarización del mercado laboral entre los contratos fijos, con más derechos a subsidios y otras ayudas, y los eventuales, es uno de los elementos explicativos, de ahí que la OCDE se haya pronunciado por un "contrato único" que ofrezca flexibilidad, pero también unas garantías mínimas de seguridad.
Aunque las últimas reformas del mercado de trabajo "son valoradas", hizo notar que "quedan aún por afrontar enormes desafíos" teniendo en cuenta que "la debilidad y la desigualdad del mercado laboral ha tenido como consecuencia una destrucción de empleos sin precedentes en los trabajadores poco cualificados y los jóvenes".
Para la organización, y puesto que "resulta altamente improbable" que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social del país, "la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos".
En concreto "deben ser fortalecidas urgentemente" las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y para las familias de trabajadores pobres.
La OCDE apuesta, para financiar esas prestaciones, por acabar con el IVA reducido o nulo para muchos productos a los que se aplica con argumentos de política social, ya que esas reglas especiales cuestan mucho al fisco pero no benefician de forma selectiva a los más desfavorecidos, a los que habría que favorecer la readaptación profesional.
