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El PP, acusado de revanchismo, defiende la seguridad jurídica de la reforma eólica

El Parlamento gallego debatió este martes la reforma de la ley de aprovechamiento eólico, contraria al decreto aprobado durante el gobierno bipartito del PSdeG y BNG.

El proyecto de ley continuará su trámite parlamentario una vez que se produzca la votación de las enmiendas defendidas por los grupos de la oposición y que el PP, grupo mayoritario en la Cámara y que apoya al Gobierno, haya anunciado su rechazo a estas enmiendas y su voto favorable a que el proyecto inicie su tramitación en el Parlamento.

''Seguridad jurídica''
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha defendido la ''seguridad jurídica'' que proporcionará al sector la nueva ley eólica frente a las acusaciones de los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, que coincidieron en calificar de ''revanchismo político'' el proyecto de la Xunta.

El texto aprobado el pasado 29 de octubre por el Consello de la Xunta elimina la ''participación pública'', uno de los ''elementos de ilegalidad'' detectados por el Ejecutivo actual y por los tribunales, según Guerra, e introduce la figura de un ''canon'' con carácter finalista y medioambiental que se invertirá en los municipios en los que estén instalados los parques, así como un Fondo de Compensación Ambiental.

Los adjudicatarios de los parques no recibirán la devolución de la fianza del 2% sobre el proyecto industrial hasta que éste no se ponga en marcha para ''evitar especulación'' y que se transmita el parque de un concesionario a otra empresa.

En opinión de Guerra, el proyecto terminará con las ''tachas de ilegalidad'' advertidas por el Consello Consultivo, la Asesoría Jurídica de la Xunta y el TSXG y apuntó que el texto ha sido consultado con expertos independientes. Según el conselleiro, con el decreto derogado propuesto por el bipartito en 20 años, la vida útil de un parque, la Xunta obtendría 570 millones de euros por su participación pública, mientras que mediante el canon propuesto por el actual Ejecutivo, Galicia recaudará 1.032 millones de euros, ''casi el doble''.

Oposición a la ley
Para Abel Losada (PSdeG), el único objetivo de la ley es la ''reprogramación ideológica y el revanchismo político'' y criticó que para la Xunta el territorio y el medio ambiente sean ''selváticos'', en donde ''todo vale'', ya que el proyecto del Gobierno gallego, excluye a la mayoría de los parques, según denunció, de presentar la Declaración de Impacto Ambiental.

Además reprochó al conselleiro que el Fondo de Compensación Ambiental es un instrumento de discrecionalidad ''al servicio del comisario político (Alfonso) Rueda'' y afirmó que las autorizaciones administrativas serán "para los amigos''. ''Se trata de una vuelta atrás a los tiempos de Manuel Fraga'', consideró.

También se mostró muy crítico el portavoz de Economía del BNG, Fernando Blanco, quién aseguró que ''con el Decreto Eólico del Gobierno Bipartito se ponía por primera vez la energía al servicio de Galicia, mientras que con la nueva Lei Eólica del gobierno del PP volvemos a la expoliación de nuestros recursos, sin contrapartidas para Galicia''.

El diputado del BNG defendió la participación pública que se contempla en el anterior Decreto Eólico, ''algo fundamental para generar beneficios públicos, y porque en cualquier país es necesaria en un sector estratégico como es la energía, tal y como había hecho la Xunta en Reganosa y otras empresas''.

Además advirtió que ''tal como está planteado presenta importantes errores técnicos y jurídicos, porque no parece lógico que por una parte incentivemos las energías renovables con ayudas públicas y luego las gravemos con un canon''. A este respeto alertó que ''es posible que al final el canon pueda provocar que suba el recibo de la luz y sea pagado por el conjunto de la sociedad''.

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