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El ministro de Industria asegura la continuidad de As Pontes y Meirama

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha garantizado la continuidad de las térmicas gallegas de As Pontes y Meirama, aunque ha atribuido a la caída de la demanda y no al decreto del carbón la causa de los problemas en las centrales.

Las declaraciones del responsable de energía se produjeron en el Pleno del Senado, en respuesta a las quejas presentadas por el senador del BNG José Manuel Pérez Bouza, quien mostró su preocupación por la repercusión "negativa" de la nueva norma que prioriza el uso del carbón estatal, con el que no trabajan en As Pontes y Cerceda.

"En ningún caso existe la posibilidad de que estas dos centrales vayan a cerrar. Todo lo contrario. A medida que se recupere la demanda eléctrica, su papel va a ser fundamental en la determinación de un mix equilibrado de generación térmica y renovable y, como no, en el futuro crecimiento y desarrollo económico de España y de Galicia", defendió el ministro, antes de recalcar la eficiencia de ambas plantas.

Además, Sebastián apuntó que desde 2006 las comarcas de As Pontes y Meirama han recibido más de 117 millones euros -casi 20.000 millones de pesetas- para desarrollar un nuevo modelo de industria y empleo que "las acerque a la sostenibilidad y que básicamente se ha focalizado en las energías renovables".

Bouza recuerda los afectados
Por su parte, Pérez Bouza transmitió las consecuencias que el decreto del carbón tendrá en Galicia y que, según sus cálculos, afectarán a 2.000 empleos, muchos de ellos en servicios auxiliares a las centrales, como es el caso de los camioneros o de los puertos de Ferrol y A Coruña.

Además, el senador nacionalista ha pedido al ministro que reciba a los afectados, entre ellos a los cuatro sindicalistas que están en huelga de hambre, y que modifique el decreto para que se reparta el coste de primar la energía con carbón autóctono entre todos los agentes que participan en la generación eléctrica.

Sin embargo, en su réplica el ministro ha subrayado que la normativa europea impide llevar a cabo esa última propuesta. Zanjó, Sebastián, asegurando que en septiembre de este año, cuando todavía no había decreto, las dos centrales gallegas contaban con un grado de utilización del 50 por ciento.

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