El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido la opinión de la Fiscalía Anticorrupción sobre si debe o no imputar a Deloitte y al socio que avaló las cuentas de la salida a bolsa de Bankia, cuyo papel también fue cuestionado por los dos peritos designados por el Banco de España.
En una providencia, el magistrado da traslado al fiscal del escrito que presentó la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) reclamando que cite a declarar como imputada a la firma y a Francisco Celma para que "inste lo que a su derecho convenga" sobre esta solicitud.
No es la primera vez que el sindicato pedía la imputación de Deloitte y su socio, pues ya lo hizo en el verano de 2013 basándose en el expediente que abrió el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por dos faltas muy graves y dos graves en la auditoría de las cuentas de la salida a bolsa de Bankia. Sin embargo, el magistrado rechazó esta petición en diciembre de ese año, aunque apuntaba que esta decisión la tomaba "sin perjuicio" de cómo se desarrollara la investigación.
Y en el desarrollo de la investigación, Celma y Deloitte se han encontrado con que la pericial judicial, una de las pruebas definitivas del caso, ponía en tela de juicio su labor al validar en el pasado las cuentas de Bankia y su matriz BFA por no haber detectado todos los errores contables apreciados por estos dos expertos. Así, los inspectores llamaban la atención de que en toda la documentación que examinaron, solo se hiciera referencia a que el auditor tenía previsto incluir dos salvedades en los estados financieros de BFA y Bankia del ejercicio 2011 formulados en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rodrigo Rato.
Los inspectores llamaban la atención de que en toda la documentación solo se hiciera referencia a dos salvedades en los estados financieros de BFA y Bankia del ejercicio 2011 formulados en marzo de 2012
Para los peritos, existían errores en las cuentas anuales individuales y consolidadas de BFA y Bankia desde su constitución en diciembre de 2010 hasta las del ejercicio siguiente, incluyendo tanto las del equipo de Rato como las reformuladas en mayo de 2012 tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri.
Se trata de errores contables, que son el resultado de omisiones o inexactitudes a la hora de emplear la información que estaba disponible cuando los estados financieros para esos períodos fueron formulados y que el grupo BFA-Bankia "podía y debía" haber empleado en la elaboración de los estados, argumentaban.
De acordar su declaración, que también pedirá UPyD en un escrito que tratará de complementar al del sindicato, no sería la primera vez que Celma tiene que dar explicaciones ante el juez Andreu, aunque cuando lo hizo, el 20 de febrero de 2013, fue en calidad de testigo. Aquel día, el socio de la auditora relató que no había presentado su informe de auditoría a las cuentas de marzo porque los entonces consejeros no se las presentaron firmadas, tal y como exige la ley.
Pero aunque se las hubieran facilitado, prosiguió, Deloitte habría incluido en su informe una salvedad para Bankia por limitación al alcance, es decir, que no podía opinar por falta de información, y un párrafo sobre sus dudas acerca de su viabilidad. Ese mismo párrafo hubiera sido dedicado a BFA, en cuyo caso las salvedades habrían sido dos, referidas a los créditos fiscales contabilizados y el valor de la participación de la matriz en Bankia.
Deloitte sí que presentó su informe el 25 de mayo de 2012, cuando el nuevo equipo de Bankia, con el beneplácito de Celma, replanteó las cuentas de 2011 y transformaron un beneficio de 309 millones en unas pérdidas de 2.979 millones
