Cientos de miles de hipotecados afectados en España por la inclusión de cláusulas suelo opacas en los préstamos con los que compraron su vivienda podrán recuperar cada euro que pagaron de más al banco por esas disposiciones desde que firmaron el crédito y abonaron la primera cuota. Es lo que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una esperada sentencia que obliga a las entidades financieras que introdujeron en las hipotecas cláusulas suelo abusivas por su falta de transparencia a devolver todo el dinero que obtuvieron por establecer unos intereses mínimos que impidieron a los clientes beneficiarse de la bajada histórica del Euríbor.
Invalida así el criterio del Tribunal Supremo, que en un fallo emitido el 9 de mayo de 2013 declaró nulas estas disposiciones en los casos en los que el hipotecado no había recibido información suficiente sobre sus repercusiones, pero resolvió que los bancos solo tenían que reintegrar el dinero a partir de esa fecha y no desde la suscripción del préstamo. Ante las dudas que la sentencia generó en los magistrados españoles, la Corte de Luxemburgo aclara más de tres años y medio después que la «jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo es incompatible con el Derecho de la Unión». Esto es, contradice la legislación comunitaria.
ARGUMENTACIÓN. Claro en sus razonamientos, el TJUE explica que la anulación de condiciones del contrato que fueron abusivas desde el principio debe conllevar «el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula». Es decir, pagaría sobre su cuota mensual un interés del Euríbor —al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España— más el diferencial que le aplica la entidad. Y añade que liberar a los bancos de devolver lo cobrado de más antes de mayo de 2013 por el impacto económico que tendría para el sector la retroactividad total conlleva «una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas». El Supremo ya avanzó que ajustará su jurisprudencia a la tesis del TJUE.
Su pronunciamiento marca el camino que deberán seguir los jueces cuando dicten sentencia en los litigos sobre estas disposiciones, muchos de ellos paralizados en los últimos meses a la espera de que el tribunal europeo emitiese un veredicto en el que señala que es «el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse». El dictamen leído ayer en Luxemburgo reactivará esos procesos y animará a los afectados que aún no dieron el paso a recurrir a la Justicia para reclamar su dinero, ya que no se espera la devolución de oficio. Los que no podrán recuperarlo son aquellos particulares que firmaron un acuerdo con su banco por el que se comprometían a no emprender acciones judiciales a cambio de que se le retirasen las cláusulas suelo del contrato.
La Justicia Europea resuelve así las dudas que le plantearon un juzgado de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante sobre causas que implican a BBVA, Popular y Cajasur para que aclarase si la sentencia del Supremo era compatible con las normas de la UE, si bien su resolución atañe a prácticamente todas las entidades.
MAZAZO A LA BANCA. ¿Cuánto puede costar al sector este revés judicial? Hay diversas estimaciones. La del Banco de España cifra el impacto en hasta 4.200 millones. Sería el desembolso máximo en indemnizaciones si todos los afectados reclamasen y todas las cláusulas suelo se declarasen nulas, algo poco probable. La asociación Adicae, por su parte, considera que el efecto sobre los bancos se «magnificó» y lo calcula en entre 2.000 o 3.000 millones, una cuantía que repartida entre entidades considera que «no es nada».
También hay diversas estimaciones sobre el número de hipotecados que se podrán beneficiar de la decisión del TJUE. Adicae habla de cerca de cuatro millones entre los afectados que ya dejaron de pagar de más por las cláusulas y los que aún las tienen en el contrato, mientras Reclamador.es los sitúa en torno a los tres millones y medio, unos 205.000 en Galicia.
Esta compañía online de reclamaciones calcula en base a la situación de sus clientes que la indemnización media por la retroactividad total será de unos 8.000 euros, aunque las diferencias entre entidades pueden ser considerables. En el caso de clientes de las antiguas cajas gallegas (ahora Abanca), la sitúa en un horquilla que va de 4.000 a 7.000 euros entre compensación más reducción de capital, y la eleva a entre 13.000 y 16.000 euros en Popular y Pastor.
